El Gobierno rechazó por "ausencia de verosimilitud" la demanda por discriminación que le hizo Odebrecht al Estado, al cual acusa de utilizar un supuesto "doble estándar" frente a otras empresas que también admitieron el pago de coimas.
La firma brasileña sostiene que luego de la decisión oficial de suspenderla en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNC) perdió la posibilidad de competir en nuevas licitaciones. Por eso, 14 meses después la empresa le pidió a la Justicia su rehabilitación.
En su descargo -al que tuvo acceso Infobae– el Gobierno advirtió que "los planteos que realiza Odebrecht en su presentación judicial en orden de calificar de ilegítima la Resolución Nº 06/2017 del Consejo son sustancialmente los mismos que realizara al momento de presentar el recurso de reconsideración".
Además, insistió en "los vicios" que contendría el mencionado acto administrativo. Y aclaró que el Consejo ya había tratado "en forma pormenorizada" cada una de sus peticiones y había explicado "en la Resolución Nº 24/2017 las razones por las cuales no eran conducentes para impugnar la suspensión preventiva de tramitación dispuesta".
El Gobierno considera que "no hay derechos subjetivos de la autora" y que "la medida cautelar peticionada generaría un daño innecesario a la prosecución de los fines del Estado".
Según lo planteado por Odebrecht, mientras continúa suspendida, no se ha "generado hasta el momento ningún acto concreto" en la investigación sobre las demás empresas involucradas en la causa por presuntas coimas en obras públicas que sigue el juez federal Cladio Bonadio.
Por eso, solicitó a la Justicia que le ordene al RNC que informe cómo actuó ante otras "empresas cuyos funcionarios y/o accionistas han reconocido expresamente ante la Justicia la comisión de delitos o prácticas de corrupción relacionadas con contratos públicos, a fin de evitar arbitrariedades".
El objetivo de Odebrecht no es obtener un resarcimiento del Estado argentino -aunque dejó la vía abierta para eso- ni que suspendan a las firmas locales en el Registro de Constructores. Pero sí reclamó que levanten su suspensión, le emitan el certificado de capacidad de contratación y le permitan competir por nuevos proyectos de obra pública.
En Argentina, Odebrecht pagó coimas por más de 34 millones de dólares según su propia confesión, pero los investigadores creen que los pagos ilícitos superaron los 100 millones.
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