Se diluye el tratamiento de la ley de financiamiento de campañas que permite los aportes de empresas

Ya no hay tiempo. Si hasta la semana pasada había conversaciones entre el oficialismo y la oposición para cerrar el año con una media sanción del proyecto de ley de financiamiento político, que entre otras modificaciones permite la vuelta de los aportes de empresas a las campañas, la tensión entre la Casa Rosada y el PJ de los últimos días desechó toda posibilidad.

La semana pasada, en medio de la discusión por el Presupuesto en el Senado, desde el bloque de Cambiemos impulsaban el tratamiento del proyecto para este miércoles, en la sesión que se avizoraba como la última del año y que ahora, según fuentes parlamentarias, corre serios riesgos de no realizarse.

El oficialismo quería incluir en la reunión de labor parlamentaria de este martes -convocada para después de la sesión especial en la que Cambiemos llamó a debatir el desafuero de Cristina Kirchner, un trámite que no prosperará- el dictamen que los senadores del Gobierno habían firmado con un sector del PJ, del bloque que responde a Miguel Ángel Pichetto.

Desde la Cámara alta, sin embargo, dudan que la sesión finalmente sea convocada. Incluso hay diferencias dentro del bloque del PJ con el dictamen consensuado con la Casa Rosada, por ejemplo, por el tope de los aportes de las empresas. En el entorno de Pichetto deslizaron críticas al dictamen, que tuvo a Dalmacio Mera como uno de los grandes impulsores junto al bloque oficial.

Ese escenario abrió una tibia negociación entre el oficialismo y la oposición en Diputados, el primer ámbito de discusión del proyecto de financiamiento de la política enviado por el Gobierno a mediados de julio, a las apuradas por la escalada de la causa por los aportes truchos en la campaña de Cambiemos del año pasado.

La falta de motivación de la Casa Rosada, la dispersión en la oposición y el caso de denominado de "los cuadernos de las coimas K", que puso en jaque a la primera línea del establishment, obligó a mudar la discusión de Diputados al Senado.

Pero las tímidas conversaciones que habían vuelto a surgir en los últimos días en la Cámara baja quedaron sepultadas por la unión de casi toda la oposición en torno a la renovación de miembros del Consejo de la Magistratura, un duro revés que el Gobierno no esperaba.

La estrategia conjunta del kirchnerismo, el Frente Renovador y el interbloque Argentina Federal -que responde a los gobernadores- que le permitió a la oposición arrebatarle un sillón a la Casa Rosada en el órgano encargado de la selección y enjuiciamiento de los jueces nacionales y federales trituró cualquier tipo de negociación vinculada a una sesión consensuada para este miércoles.

Menos para un tema tan sensible como el financiamiento de las campañas políticas, un debate atravesado por procesos judiciales de uno y otro lado.

La finalización del año legislativo -la Casa Rosada no tiene previsto por ahora llamar a sesiones extraordinarias- abre un capítulo de suspenso en el financiamiento de las elecciones presidenciales del año próximo ante la inminencia de la campaña, un período en el que se extreman las posiciones.

En el Gobierno, por caso, ya hubo reuniones de estrategia electoral en las que se sobrevoló el tema. Si bien es temprano, no hay nadie que hasta ahora haya manifestado el deseo de ponerse el traje de recaudador. La investigación por los aportes truchos de Cambiemos del año pasado provoca urticaria. Nadie quiere asumir la responsabilidad, más aún sin una ley que obligue a bancarizar todos los aportes y que transparente las contribuciones de las empresas.

Un grupo de empresarios manifestó en coloquio de IDEA de Mar del Plata del mes pasado que quería donar plata el año próximo, pero en blanco. La causa de los cuadernos que tramita el juez Claudio Bonadio hizo impactó directamente en los planes de los hombres de negocios. El sistema político pasaría de la campaña más cara de la historia, en el 2015, a la más austera.

El establishment no quiere más sorpresas. Los departamentos jurídicos de las empresas están saturados de trabajo. No es casual, por ejemplo, que Julio Crivelli asuma próximamente al frente de la Cámara Argentina de la Construcción.

De estrecha relación con la Casa Rosada, a diferencia de sus antecesores, constructores de profesión, Crivelli es abogado. Posee una participación en la concesión de la recova, bajo la 9 de Julio. Asumirá, según fuentes del mercado, con agresivas normas de compliance. Contrató para ese trabajo a una importante consultora internacional especialista en el tema.

Dentro de Cambiemos hay miradas contrapuestas. El primer semestre del año, el proyecto de financiamiento no estuvo entre las prioridades de la cúpula partidaria. Se envió al Congreso a las apuradas por la investigación que todavía jaquea al Gobierno bonaerense, y cuyo trámite se disputa entre la Justicia federal penal platense y los tribunales electorales.

El debate por el presupuesto eclipsó la discusión política. Pero el fin de año volvió a urgir al oficialismo. En ese sentido, el papel de Elisa Carrió, que históricamente se manifestó en contra de las donaciones empresarias a las campañas, podría ser relevante. Su bloque apoya los proyectos que permiten la vuelta de esos aportes, prohibidos por la anterior gestión, en diciembre del 2009. Pero la relación entre la líder de la Coalición Cívica y la Casa Rosada pasa por su peor momento. No hay quiebre, pero sí distancia.

La diputada no habla con Mauricio Macri hace semanas, y no tiene previsto hacerlo por el momento. En privado, les manifestó a los dirigentes de la CC que se mostrarán prescindentes. Los ajustes en el gabinete de principios de septiembre y los chispazos alrededor del pedido de juicio político al ministro Germán Garavano dejaron heridas que tardarán en suturar. Según su entorno, Carrió es dura con Rogelio Frigerio y con Emilio Monzó. El ministro del Interior es uno de los que negoció en el Senado por el proyecto de financiamiento.

Ante la incertidumbre por el proyecto de ley, en el PRO empezaron a recaudar más fondos de la cuota que les descuentan todos los meses a los funcionarios. Hace unos 60 días, cuando la causa por los aportes irregulares ya había escalado más de lo que creían, avisaron en el gabinete bonaerense que a los ministros les pasaban a descontar de sus cuentas casi el doble de lo que aportaban: de $3.100 a más de $5.000.