El Gobierno confirmó que mañana saldrá el decreto con el bono de fin de año

El Gobierno confirmó que el decreto para obligar a los privados a que paguen un bono compensatorio de la inflación se publicará mañana en el Boletín Oficial, aunque se incluyen mecanismos de flexibilización, a negociar por los sindicatos con sus respectivas patronales. También informó que se negocia con los representantes gremiales para otorgar un beneficio a los empleados estatales.

Trascendió que el bono será no remunerativo hasta $5000, pagadero en dos tramos -noviembre y enero-, aunque esta segunda cuota también podrá ser flexible si hay acuerdo entre el gremio y el sector de la economía respectivo.

La mayor parte de la reunión de Gabinete estuvo dedicada a profundizar en las características del acuerdo al que llegó la comisión tripartita integrada por el jefe de Gabinete del Ministerio de la Producción, el empresario Daniel Funes de Rioja, y el representante cegetista Carlos West Ocampo.

"El ministro Sica terminó hoy de explicar algunas preguntas que le hicimos en el Gabinete, y el bono para los estatales todavía se estaría negociando", dijo hoy el ministro Alejandro Finocchiaro en diálogo con la prensa a la salida de la reunión de Gabinete. Entre ellas -explicó Sica- le detalló a  sus pares que el bono podrá ser considerado como un adelanto a cuenta de futuros acuerdos paritarios.

Ni Finocchiaro ni la ministra Patricia Bullrich, que lo acompañó en la conferencia de prensa, quisieron brindar más detalles de las características que tendrá el bono, pero dijeron varias veces que "se está firmando en este momento" por Sica, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el presidente Mauricio Macri. En consecuencia, mañana se publicará en el Boletín Oficial.

La negociación que el Gobierno encaró con Héctor Daer y Carlos Acuña, la cúpula de la CGT, se presentó en la reunión que la semana pasada se realizó en la Federación de Trabajadores de la Sanidad, en el barrio de Boedo, adonde se trasladaron, además de Sica, el titular de la UIA, el de la CAME y el de la Cámara de la Construcción, entre otros.

Hay una discusión en torno a si es constitucional que un decreto imponga la obligatoriedad de un gasto que tienen que realizar los privados, pero se salvaría con una redacción más laxa, o "menos comprometida", como transmitió una fuente oficial a Infobae.