Un día antes de la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revise la situación de los militares argentinos presos por delitos de lesa humanidad el Gobierno deslizó hoy que se mantendrá "neutral" en este reclamo que elevaron los abogados de los genocidas de la dictadura.
La CIDH citó para mañana a las asociaciones Justicia y Concordia y Puentes para la Legalidad, junto con un delegado del Gobierno. Allí los abogados de los represores de la dictadura plantearán la violación a las normas del debido proceso.
De hecho, el abogado Alberto Solanet aseguró que "hay más de 2.000 presos políticos y ya 460 muertos en cautiverio. El injusto encarcelamiento de integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales se extendió también a civiles, sacerdotes, funcionarios, jueces y periodistas. Indudablemente para llevar adelante esta política de venganza se hizo necesaria la complicidad de jueces corruptos".
La CIDH sólo se limitará a escuchar y no se espera que haya un fallo relacionado con el reclamo de las dos asociaciones defensoras de los derechos de los militares argentinos presos por delitos de lesa humanidad y de esta manera accede a examinar su situación.
Mientras Solanet denunció irregularidades en las detenciones, se conoció un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que publicó Infobae y que revela que el 57% de los represores recibió el beneficio de la prisión domiciliaria y que el porcentaje se incrementó desde la llegada de Mauricio Macri al poder. En total los condenados son 862 y otros 122 fueron absueltos.
Ante el reclamo de los abogados de los militares ante la CIDH el Gobierno envió a la audiencia de mañana a Ramiro Badia, de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos Humanos. Y desde la Secretaría de Derechos Humanos que lidera Claudio Avruj deslizaron a Infobae que la CIDH ya aclaró que estos encuentros no tienen efectos resolutivos ni políticos por lo que no se esperan definiciones.
"Es un diálogo confidencial que no implica juicio sobre la cuestión a tratar. Por lo tanto nuestra posición es que el Estado argentino debe garantizar la independencia del Poder Judicial para que funcione con absoluta normalidad en el marco de la división de poderes de la República", dijeron allegados a Avruj.
De esta manera, desde el Gobierno resaltaron que se mantendrán "neutrales" ante el reclamo de los abogados de los represores ante la CIDH y que "es una estricta decisión de la Justicia otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria en cada caso. Por ello, el poder político en este gobierno no interfiere en el Poder Judicial".
A la vez, desde el Gobierno dijeron que se seguirá garantizando la continuidad de las querellas que se ejercen en los procedimientos por lesa humanidad aunque no intervendrán en las decisiones del Poder Judicial.
El caso Milani
A la vez, fuentes calificadas de la Casa Rosada dijeron a Infobae que el próximo 15 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal de La Rioja comenzará el debate en el juicio oral contra, entre otros, el ex jefe del Ejército César Milani, por los delitos de tormentos agravados, violación de domicilio, abuso de autoridad denegando justicia y asociación ilícita agravada en perjuicio de Pedro Adán Olivera, Ramón Alfredo Olivera y Verónica Ligia Matta.
Los hechos por los que está imputado Milani sucedieron entre julio de 1976 y marzo de 1977. La Secretaría de Derechos Humanos es querellante en el proceso y será representada por miembros de su cuerpo de abogados.