Trabajadores del Astillero Río Santiago encabezaron una violenta toma en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires acompañados por militantes de izquierda y de personas vinculadas al intendente de Ensenada Mario Secco.
Según relataron fuentes que están en el lugar, los manifestantes cortaron la calle y entraron por la fuerza al edificio amenazando a los empleados. Desde el gobierno bonaerense creen que el enojo es porque la Justicia allanó Astilleros por una denuncia por corrupción que realizó el gobierno de Vidal a los gremialistas.
Sin embargo, desde el lado de los trabajadores, reclaman respuestas de la gobernación ante una posible "privatización" y "vaciamiento" de la empresa naviera estatal.
Hoy iba a haber una reunión con representantes de la cartera que dirige Hernán Lacunza, pero se suspendió, por lo que los empleados decidieron en asamblea tomar el Ministerio. Su idea es permanecer allí hasta ser recibidos por algún funcionario.
A fines de agosto, hubo serios enfrentamientos entre la policía y los trabajadores con un saldo de patrulleros destruidos y varios heridos. En total hubo seis manifestantes detenidos, 12 policías heridos, seis patrulleros destruidos y 10 autos particulares dañados.
Según el gobierno bonaerense, el astillero tiene 3251 trabajadores y le cuesta al Estado 3500 millones de pesos al año, pero genera solo el 1%. Además, el 70% de los empleados tiene sueldos promedio de 40 mil pesos, mientras que el 18% pertenece a puestos jerárquicos y percibe salarios que van desde los $100.000 a los $300.000 por mes.
Hubo una denuncia por irregularidades y por administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de la administración pública. Entre otros puntos, se descubrieron erogaciones en favor de ATE, seccional Ensenada, efectuadas sin respaldo legal alguno en el año 2015 (por una suma de $18.560.000) y 2014 (por $701.920).
También hay indicios de vehículos utilizados a nombre de otras personas; viviendas suntuosas no acordes a ingresos, aportes de campaña a partidos políticos -en el caso al Frente para la Victoria-, proveedores ligados a empleados, entre otras.
Otra de las acusaciones es que el astillero no logra cumplir con los plazos de ejecución de los trabajos acordados. Por ejemplo, según explicaron, para que la construcción de un barco como los petroleros de PDVSA sea rentable debe llevar no más de dos años en su ejecución. Sin embargo, actualmente hay dos barcos en construcción que ya llevan más de 10 años y aún les falta al menos uno para estar listos.