El fiscal federal Guillermo Marijuán le pidió al juez Claudio Bonadio que detenga al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a su mano derecha Roberto Baratta –ya detenidos, el primero por gas licuado y el segundo por la causa de los cuadernos-, pero también al primer empresario arrepentido por ese expediente: Juan Carlos De Goycochea, el ex representante de Isolux en la Argentina. En la lista incluyó también al ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, cuya defensa –al enterarse de la noticia- preparaba un pedido de eximición de prisión.
El dictamen de Marijuán no tiene que ver con las anotaciones de Oscar Centeno, sino con una vieja causa que fue cerrada en dos oportunidades y fue reabierta por la Cámara Federal, en donde se investigan sobreprecios en la Usina de Río Turbio.
Es una segunda causa por los negocios de Río Turbio: De Vido ya está preso por los sobreprecios en la reactivación de la mina de Santa Cruz. La Cámara Federal ya dijo que esos expedientes deben unificarse.
Según se señala en el dictamen, el 14 de diciembre de 2007 el Estado firmó un acuerdo con la empresa Isolux Corsan -aun pese a las observaciones realizadas por la Comisión Evaluadora- para la construcción de una Central Termoeléctrica a Carbón en Río Turbio. El proyecto "sería ejecutado en 42 meses en la cuenca carbonífera, con una inversión de más de 2.600 millones de pesos, cuyo costo total sería cubierto por el Estado nacional y por la venta de carbón de Río Turbio que no fuera utilizado para la usina".
En 2009, el entonces diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán denunció sospechas en el procedimiento. Allí, dijo que "cuando se licitó la obra, el precio pactado era de unos $1.500 millones, pero después de la apertura de ofertas la suma trepó a más de $2.600 millones un año más tarde y ello sin mencionar las distintas readecuaciones provisorias de precios que llevarían a un valor final de la obra de $4.213.041.983″.
Según los denunciantes, con el dinero que se invirtió se podrían haber construido dos centrales termoeléctricas.
Bonadio había cerrado la causa dos veces, con aval del fiscal Guillermo Marijuán, pero los fiscales de la PIA Sergio Rodriguez y María Andrea Garmendia Orueta se opusieron al sostener que "resultan ineludibles" realizar una serie de peritajes que impiden cerrar la causa. Entre ellos, mencionaron un informe de la SIGEN y una presentación sobre la base de una auditoría que hizo la actual gestión. La Cámara les dio razón.
Con la reactivación ahora de la causa, Marijuán amplió la hipótesis investigativa y advirtió "la existencia de presuntos pagos irregulares a la empresa contratada –Isolux Corsan- a través de 8 pagarés por un monto total de 143 millones de dólares (que habrían sido autorizados mediante Resolución Conjunta n° 142 y 9 de 2007), en forma anticipada, que habrían implicado eventuales pagos de retornos a funcionarios".
También hizo hincapié en "presuntas irregularidades en la licitación, ejecución y financiación directa de trabajos, con dinero de las arcas estatales, por parte de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que con el objeto de evitar un proceso licitatorio que debió ser encuadrado en la Política General de Compras de YCRT, se habrían materializado a través de variaciones, adendas y obras complementarias al contrato de construcción de la central termoeléctrica con la empresa Isolux Corsan".
En ese marco, Marijuán solicitó las detenciones de De Vido; del ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de dicho ministerio, Roberto Baratta; del ex secretario de Minería, Jorge Omar Mayoral; y de los ex interventores de Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Daniel Román Peralta; Rolando Aramini y Atanacio Pérez Osuna.
También el arresto del ex coordinador general de Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Miguel Ángel Larregina; y del ex inspector de Obra de la Central Termoeléctrica de Río Turbio, Néstor Prades. Y de los responsables del grupo empresario Isolux-Corsan, Ernesto Alejo Maxit, Juan Carlos de Goycoechea, Mario Maxit y Alejandro Koweindl. El tema quedó a criterio del juez Bonadio.
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