José López, el ex secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación, declaró este domingo como imputado arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas K e ingresó al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Eso no le garantiza su liberación, ya que seguirá detenido, pero en un alojamiento secreto, según confirmaron a Infobae fuentes oficiales.
Luego de declarar, López solicitó ingresar al programa. Para ello, el juez Claudio Bonadio hizo un pedido formal, que contó con la conformidad del fiscal Carlos Stornelli y la aceptación del director del programa. El ex funcionario, además, firmó un papel en el que aceptó las condiciones, que incluyen ciertas restricciones a su libertad personal y derechos.
Primera aclaración: el pedido de ingresar al programa y de ser considerado un arrepentido van por canales distintos.
Segunda aclaración: López no solicitó ser excarcelado; su único pedido fue no regresar al penal de Ezeiza, donde estaba detenido por la causa de los bolsos con millones de dólares con los fue sorprendido in fraganti cuando los llevaba a un convento en General Rodríguez.
Tercera aclaración: López seguirá preso, pero en un lugar que no será informado a las autoridades judiciales.
Protegido en prisión
López podría haber continuado en un establecimiento carcelario, como ocurrió con el valijero Leonardo Fariña antes de ser excarcelado.
Aunque la protección de testigos dentro de una cárcel es más difícil, el protocolo ordena que en esos casos el detenido debe ser alojado en una celda unipersonal, debe haber un policía en la puerta y debe haber una cámara filmando la entrada.
En el caso de López, aunque seguirá detenido, está claro que las condiciones de encierro mejoran, ya que -por ejemplo- la comida o el nivel de aseo son mejores.
El programa
Se estima que hoy hay casi 300 testigos protegidos en el país. El programa se creó originalmente en el 2003, cuando se amplió para los casos de secuestro extorsivo y terrorismo. Hasta ese momento sólo había una oficina que ofrecía seguridad a los arrepentidos en casos de narcotráfico.
Aunque la ley 25.764 no contempla expresamente los casos de corrupción, incluye causas de delincuencia organizada y violencia institucional, siempre que se tratare de casos de trascendencia y existiera interés político criminal en la investigación.
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