El Senado definirá este miércoles si el proyecto de la oposición para moderar el aumento tarifario, volviendo a los valores de noviembre del año pasado, y que ya fue aprobado por Diputados, se transforma en ley. El peronismo dejó trascender que tiene al menos 40 votos para asegurarse la sanción.
El oficialismo continuará negociando para imponer otro proyecto que promueve una rebaja en el IVA para usuarios residenciales de servicios de electricidad, gas y agua. De lograrlo, evitará el costo político de un veto presidencial.
El dictamen de mayoría, firmado por el justicialismo y el Frente para la Victoria tras el último plenario de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto y Hacienda y Minería, Energía y Combustibles, pretende darle el último empujón al expediente que propone retrotraer los valores de las tarifas de servicios públicos al 1° de noviembre de 2017, estableciéndose que las subas no pueden ser mayores a los aumentos de salarios.
El costo fiscal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso y el Ministerio de Energía de la Nación, ascendería a casi 80.000 millones de pesos (compartido entre provincias y Nación), solo durante 2018. Ese número aumentaría a casi 90.000 millones de pesos en 2019.
En cambio, el proyecto del oficialismo busca rebajar, por doce meses prorrogables, a la mitad, la alícuota del IVA para usuarios residenciales, que actualmente alcanza el 21 por ciento. Asimismo, rebaja del 27 por ciento al 21 por ciento el monto del mismo impuesto para micro, pequeñas y medianas empresas.
La propuesta de bajar el IVA a las tarifas de servicios públicos tendría, además, un costo menor que 20.000 millones de pesos, según indicó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.
"Si quieren que bajen las tarifas deben votar el proyecto del oficialismo. Porque el otro será vetado por el Presidente", argumentó Pinedo al finalizar el plenario de comisiones de la semana pasada.
El dictamen propuesto por el oficialismo a último momento el martes pasado retoma una iniciativa impulsada en abril por el jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Ángel Pichetto; y que los gobernadores del mismo signo político de Salta, Juan Manuel Urtubey; y de Córdoba, Juan Schiaretti, consideraron viable tanto para las provincias como para la Nación.
Ese acuerdo tácito determinó que cuatro senadores justicialistas firmaran en disidencia parcial el dictamen de la oposición y luego anunciaran que no iban a votarlo tal como vino de Diputados porque consideran que la mejor opción es una rebaja del IVA.
Sin embargo, uno de esos legisladores, el correntino Carlos Espínola, aclaró que votará en general con su bloque, pero que pedirá cambios en el tratamiento en particular.
Del mismo modo, en principio, se comportarían Rodolfo Urtubey (Salta), Dalmacio Mera (Catamarca) y Guillermo Snopek (Jujuy), que no sumarían sus votos a la opción del oficialismo que, desde el vamos, será respaldada por los 25 integrantes del Interbloque Cambiemos, más los peronistas aliados al macrismo, como el salteño Juan Carlos Romero y el santafesino Carlos Reutemann.
También adelantaron que no apoyarán el proyecto que vino de Diputados la neuquina Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino; y María Fiore, del Partido Renovador de Salta, aliado del peronista Urtubey en el gobierno de esa provincia.
Por el contrario, la oposición cuenta con los veinte senadores que restan del Interbloque Argentina Federal, más los nueve que conforman el Frente para la Victoria, del que forma parte la ex presidenta Cristina Kirchner.
A esos se suman otros cinco legisladores: los peronistas puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Eugenia Catalfamo; el neuquino Guillermo Pereyra (MPN); y los progresistas Fernando Solanas y Magdalena Odarda.
El destino de la votación podría estar en cinco senadores, entre los que figuran los dos representantes del Frente Renovador de la Concordia de Misiones y los tres santiagueños que responden al gobernador Gerardo Zamora.
Si bien los misioneros, en la Cámara baja, se ausentaron de la sesión, los representantes de Santiago del Estero sí apoyaron la sanción del proyecto confeccionado por el peronismo federal.