El presunto fondo OP Investments, cuya cabeza visible es Ignacio Rosner, anunció que inició la salida de las empresas que pertenecen al zar del juego recientemente liberado Cristóbal López.
A través de un comunicado firmado por "la Dirección de OP Investments", se intenta hacer responsable a la AFIP del fracaso de la operación.
"Tras haber recibido oposición de la AFIP a todas nuestras propuestas tendientes a normalizar la situación operativa, económica y financiera de de Oil Combustibles S.A. (OCSA), y tras haber trabajado durante más de cuatro meses en desarrollar planes de negocios con diversos socios estratégicos, incluyendo el presentado el 15 de noviembre en la justicia nacional en lo comercial (Justicia Comercial), hemos decidido empezar a transitar nuestra salida", arranca el comunicado.
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Y agrega que "la AFIP rechazó todas las propuestas que recibió sin siquiera molestarse en proponer o sugerir cambios que pudieran hacer las mismas aceptables".
Enseguida detalla "la indisponibilidad de contar con cuentas bancarias para operar un giro de negocios por cerca de 17.000 millones de pesos anuales; la incertidumbre creada en torno al pasivo concursal en relación al monto, por un lado conforme a las disposiciones de la ley 27.260 que dispone la posibilidad de adherirse a un plan de pagos, aplicable en el marco del Concurso Preventivo, contra los $17.000 millones que dice adeudársele la AFIP en razón de la acción civil iniciada ante la Justicia Penal por el Dr. Gil Lavedra, abogado contratado por la misma AFIP. Ello hace que sea incierto el monto del pasivo fiscal y la condición de pago para los potenciales inversores".
Para concluir que, "en función de todo lo expuesto hemos decidido iniciar ordenadamente nuestra salida. A efectos que la misma sea conducente a los objetivos con los que asumimos, nuestros asesores legales están evaluando distintas alternativas, entre ellas poner a disposición nuestra posición contractual respecto de OCSA, terminar el contrato de compra por las acciones de OCSA, prestar el consentimiento para renunciar al 'período de exclusividad de modo de posibilitar la apertura del salvataje legal ('cramdown') en favor de un candidato que asegure la continuidad de la empresa, el pedido urgente de venta de activos para cancelar deuda y generar capital de trabajo y otras alternativas viables para la continuidad de la empresa y la preservación de los puestos de trabajo".
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En el medio, OP Investments llegó a anunciar una asociación con una petrolera rusa para impulsar el desarrollo de Oil Combustibles y otros negocios del Grupo Indalo.
En un comunicado, anunció que Lukoil, la segunda petrolera más grande del mundo, "aportará fondos frescos para inversiones y capital de trabajo", y que "facilitará el acceso al mercado mundial de suministro de petróleo crudo y derivados". Nunca sucedió nada de eso.
Ya en febrero, el juez Julián Ercolini recibió un informe lapidario sobre la posible venta del Grupo Indalo. Los veedores judiciales cuestionaron el traspaso y criticaron duramente a los dueños de OP Investments. Dijeron que no están en condiciones de asumir el control de las empresas del holding. La AFIP, querellante y denunciante en la causa por defraudación al Estado contra Cristóbal López, se opuso a la operación.
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Los veedores judiciales concluyeron que OP Investments "no puede calificarse como un 'grupo inversor' ni 'controlante' por no estar en condiciones de enfrentar, per se, los riesgos empresarios de un grupo de la magnitud de Indalo ni de cada una de sus principales empresas", según consta en el informe de más de 40 carillas.
Sobre los actuales administradores, Ignacio Rosner y Sebastián Dellatorre, los veedores sostuvieron que no se los puede considerar como controlantes del holding porque no tienen "capacidad patrimonial y financiera", y no hubo "una transferencia accionaria de empresas del grupo Indalo a su favor".