"Yo no pensé que íbamos a lograr llegar a este acuerdo", confesó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en la conferencia de prensa que se realizó en el Salón de los Pueblos Originarios, en la planta baja de la Casa Rosada. En efecto, contrariamente al optimismo inicial del Gobierno, que esperaba que después de la victoria electoral tendría a los gobernadores comiendo de su propia mano, la semana pasada no se firmó ningún acuerdo entre la Nación y las provincias.
Es que desde el 30 de octubre, cuando Mauricio Macri realizó la convocatoria a los "Consensos Básicos" en el CCK, el Presidente puso alta presión a sus funcionarios para que -cuanto antes- los gobernadores firmen el pacto fiscal, acuerden la reforma previsional y sellen el compromiso presupuestario. Y los ministros se habían comprometido a que así sería.
Tanto es así, que el mismo mandatario buscó colaborar en forma personal y se lanzó a la negociación, llevando al viaje que hizo a Nueva York a un grupo de gobernadores y de legisladores de la oposición, con los que llegó a tener reuniones "uno a uno", donde intentó convencerlos de que "no hay margen para oponerse a los porcentajes de la población que quiere que haya diálogo y acuerdos para salir del pozo".
El Ejecutivo venía hablando con gobernadores y ministros de economía durante todo el año, y creía que los acuerdos serían más sencillos. Un rápido análisis de lo que pasó en las dos últimas semanas permite comprender que había un optimismo que no estaba en línea con el esfuerzo que supone dejar atrás décadas de desencuentros, no solo en cuestiones fiscales, sino en asuntos que están en el inicio mismo de la Nación, como la relación de Buenos Aires con las provincias del interior, que a lo largo de la historia hasta motivó guerras.
Es verdad que la Nación tuvo que resignar varios puntos de su proyecto original, no solo los impuestos al vino y otras bebidas alcohólicas, también al ingreso de productos electrónicos desde Tierra del Fuego, que tiene un régimen especial.
Pero más que nada, tuvo que comprometerse a la firma de un bono-compensación de la deuda de la Nación con las provincias, por 80.000 millones de pesos de capital, que se emitirá en el 2018 con una tasa del 6%, que se amortizará en diez años, a cambio de que resignen los más de 50 pleitos que existen en la actualidad contra el Estado nacional. "Va a ser entregado a las provincias que adhieran", especificó Dujovne, aclarando que no serán incluidas la provincia de Buenos Aires (que acordó un sistema aparte, para reparar dos décadas de inequidad), Santa Fe y San Luis (que ya ganaron sus respectivas demandas).
"Es un acuerdo histórico", dijo el jefe de Gabinete, Marcos Peña. "Reconozco que hubo mucha paciencia para desarmar este verdadero cóctel explosivo a los que tuvimos que someternos", aseguró la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone. "No vimos este acuerdo como un toma y daca, sino que ganamos todos", razonó Frigerio.
De todos modos, como bien reconoció el Presidente al hablar en el Salón Eva Perón, y después reafirmaron los funcionarios frente a los periodistas, se trata solo de una primera escala en una etapa que intenta desandar décadas de discrecionalidad, desorden, litigiosidad y recuperar el crecimiento genuino. Todavía hay varios asuntos que seguirán discutiéndose en el Congreso, según adelantaron a Infobae voceros de dos gobernadores peronistas, preocupados por las economías regionales.
Macri quería firmar hoy sí o sí, y por eso el Gobierno terminó aflojando con el "bono compensación". Mientras Frigerio y Dujovne atendían en el Ministerio del Interior, algunos gobernadores subían al primer piso, al despacho de Peña, a garantizarse compromisos específicos para sus provincias. Los más díscolos se habían juntado hoy a la mañana a tomar un café "informal", porque desde Casa Rosada les habían pedido que no sobreactúen otra reunión en el CFI, que iba a ser vista como un desafío intolerable por el Presidente.
Lo cierto es que todo pudo caerse como un castillo de naipes, y el Gobierno nacional pudo estar a la altura de las demandas de una sociedad que reclama cambios para volver a crecer, y de provincias que están aterradas de que no se cumplan los pronósticos de crecimiento en los que confía el oficialismo. Nadie tiene la vaca atada. Esto, finalmente, recién comienza.