El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, llegó poco antes de las 11 a los tribunales federales donde fue indagado en la causa por irregularidades en la asignación de subsidios al gasoil de colectivos. El diputado presentó un escrito donde negó las acusaciones y apuntó contra los medios y el gobierno de Mauricio Macri.
"La falta de seriedad de las imputaciones que hemos conocido y la convocatoria selectiva de Julio De Vido nos obliga a vincular esta decisión al contexto de persecución judicial que viene sufriendo, y que se aceleró en las últimas semanas al ritmo de las presiones que varios medios de prensa y hasta el propio Presidente de la Nación y su Ministro de Justicia vienen ejerciendo sobre el Poder Judicial en contra de nuestro cliente", sostiene un comunicado de prensa firmado por sus abogados, Julio Virgolini y Adrián Maloney.
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Fuentes judiciales informaron a Infobae que De Vido presentó un escrito en el que negó las acusaciones y pidió su sobreseimiento. El ex funcionario rechazó contestar preguntas ante el juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la investigación, en la que también están imputados los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
En su descargo, De Vido sostuvo que no era su responsabilidad directa la entrega de subsidios al gasoil sino de la Secretaría de Transporte de la Nación y señaló que un informe de la Auditoría General de la Nación no encontró irregularidades penales.
Además, el ex funcionario señaló en el comunicado que el sistema de subsidios estaba vigente cuando asumió en el Ministerio y que lo continuó Florencio Randazzo y el actual titular de la cartera, Guillermo Dietrich.
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De Vido llegó a los tribunales de Comodoro Py a las 10:45 e ingresó por uno de los laterales del edificio. En el cuarto piso, donde está el juzgado de Bonadio, un sector fue bloqueado por oficiales de la Policía Federal –a cargo de la custodia del lugar– para que nadie se le acerque al ex funcionario. Una hora después se fue de Comodoro Py.
En la causa se investigan presuntos ilícitos cometidos entre 2005 y 2012, por 206 millones de pesos en concepto de subsidios al gasoil para empresas que fraguaron información para cobrar los fondos.
Los subsidios siguieron hasta que, luego del choque del tren en la terminal Once, el 22 de febrero de 2012, que causó la muerte a 51 personas y a una por nacer, el área de Transporte pasó al entonces Ministerio del Interior que conducía Florencio Randazzo.
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Según la documentación, las compañías fraguaban la cantidad de kilómetros recorridos por unidad para cobrar más subsidios. El sistema primero funcionó con una declaración jurada que presentaban las empresas y luego se instaló en cada unidad un GPS que contaba el kilometraje.
Entre cada sistema se encontraron diferencias que en algunos casos iban del 5 al 10 por ciento pero otras llegaban al 50.
El caso más llamativo fue el de la empresa de Transporte Interprovincial Rosarina. La compañía cobró más de 750.000 pesos durante 19 meses en concepto de subsidio al gasoil pero el Registro Nacional de la Propiedad Automotor informó que no tenía ningún colectivo.
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Con De Vido concluyó la ronda de indagatorias. Ya fueron indagados los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos y los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.
La próxima etapa de la causa podría ser las indagatorias de los dueños de las empresas de colectivos que cobraron los subsidios.
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