Fue uno de los casos emblemáticos de la corrupción menemista. A tal punto que desencadenó la depuración de la "mayoría automática" en la Corte Suprema durante el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner. El Máximo Tribunal convalidó en 2002 el pago de más de 30 millones de dólares/pesos a la empresa Meller, que imprimía las guías telefónicas. La decisión había sido impulsada por la ex interventora de la ex ENTel, María Julía Alsogaray, pese a que sus propios funcionarios y los organismos de control la desaconsejaban. Pasaron más de veinte años. Y las guías telefónicas ya son un recuerdo del pasado. Pero la Justicia todavía no condenó a los responsables.
La batalla judicial arrancó en 1995. Meller reclamaba a la ex ENTel una deuda millonaria por la publicación de las guías telefónicas de los años 1988, 1989 y 1990. Alsogaray no lo dudó. Un año después, reconoció el reclamo millonario. Pero el entonces gerente de Asuntos Legales de la ex ENTel, Gustavo Cresta, se negó a ratificar la resolución. Le costó el puesto.
El escándalo se agravó porque la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) cuestionó el mecanismo de indexación usado por la funcionaria. Entonces intervino el procurador del Tesoro, Rodolfo "Chango" Díaz. Su opinión fue lapidaria: la resolución de Alsogaray era nula y el grupo Meller ya "había renunciado y/o percibido" sus reclamos en un acuerdo anterior.
La funcionaria subió la apuesta y habilitó un tribunal arbitral del Ministerio de Obras Públicas, que le dio la razón a la empresa. Pero en julio del 2001, el entonces titular de la SIGEN, Rafael Bielsa, cuestionó la decisión de Alsogaray. Para colmo, la Oficina Anticorrupción (OA) -ahora tiene un rol clave en el expediente- detectó varios llamados entre la funcionaria y la empresa.
Pese a todo, en 2002, la Corte Suprema menemista, con los votos de Antonio Boggiano, Eduardo Moliné O'Connor, Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López, convalidó el pago millonario del Estado Nacional. El caso Meller luego fue vital para la destitución de los dos primeros, y para la renuncia de Vázquez y Nazareno.
La causa judicial recién fue elevada a juicio en 2011. Y todavía no hay sentencia. Cosas de la Justicia argentina.
Pese a las chicanas judiciales, el juicio finalmente se había puesto en marcha hace dos semanas. Llamativamente, se interrumpió luego de la segunda audiencia. La Sala IV de la Camara de Casación concedió un recurso, con efectivo suspensivo, tras un planteo de la defensa de Daneri. La decisión obligó a suspender el juicio, a cargo del TOF 6.
"Fue una decisión polémica que hizo tambalear el juicio, pero finalmente se dieron cuenta que iba a ser un escándalo", reconoció una fuente judicial. La intervención de la Oficina Anticorrupción fue clave: los abogados del organismo fueron a la audiencia y defendieron la continuación del debate oral.
"Nos enorgullece que los representantes de la OA tengan un compromiso con la definitiva búsqueda de la verdad y la justicia. A lo largo de los años vieron cosas extrañas en las causas: incidentes de prescripción con fiscales y jueces que miran para otro lado, sobreseimientos subrepticios e intentos por suspender juicios jugando con plazos de prescripción para consagrar la impunidad de los acusados", aseguró la titular de la OA, Laura Alonso.
El jueves pasado, la Sala IV finalmente rechazó el recurso de casación. "Las defensas no han demostrado la existencia de razones que impidan la continuidad del debate que se encuentra celebrando en la causa", dijo el juez Mariano Borinsky. Su colega Gustavo Hornos sostuvo que "es deber de los tribunales dirigir y ordenar el trámite del proceso con el objeto de evitar dilaciones que obstaculicen su desarrollo en tiempo oportuno, posibilitando un debido proceso que garantice la defensa en juicio". Un día después se reanudó el proceso judicial.
La pelea de fondo es por la prescripción de la causa. Esa batalla ya lleva tres años y todavía aguarda una definición en la Corte Suprema, aunque fuentes de la investigación dijeron que "ya no hay margen" para interrumpir el juicio.
¿En qué consiste la acusación? Los funcionarios a cargo de la liquidación de la ex ENTel autorizaron el pago a Meller de $3.326.580, y luego de otros $28.942.839. Y permitieron que se hiciera en efectivo.
Además de Alsogaray y Daneri, están siendo juzgados Gustavo Cresta (ex funcionario de la ex ENTeL), la integrante del Tribunal Arbitral de Obras Públicas Yolanda Eggink, y los empresarios Sergio y Gustavo Meller.
Alsogaray ya arrastra una condena firme de cuatro años por una contratación irregular con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por las firmas "KPMG", "Copiaga S.A." y el estudio Fernández Madero. "Si la vuelven a condenar, a lo sumo podría sumar un año", dijo una fuente judicial.
Luego de tantas batallas judiciales, la novela parece llegar al final. "Hay unos 40 testigos previstos, en tres meses deberíamos tener una sentencia en el caso Meller", le dijo ayer a Infobae el fiscal que lleva adelante la acusación, Diego Velasco.