Si las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) hubiesen concretado la reunión que les solicitó Aldo Ducler dos días antes de morir, la negociación habría tenido un escollo. El gobierno nacional todavía no reglamentó la ley bajo la que el fallecido financista pidió declarar y por lo tanto no está en vigencia.
Ducler ofreció información sobre los fondos que Santa Cruz cobró en los '90 por las regalías petroleras bajo la figura del informante –creada el año pasado por una ley del Congreso Nacional– que tiene a cambio "un beneficio económico". Esa parte de la ley tiene que ser reglamentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich.
"Hay un equipo trabajando hace ocho meses en la reglamentación pero es un tema de mucha complejidad. En dos semanas creemos que estará terminada", dijo una fuente del Ministerio de Seguridad ante la consulta de Infobae.
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Ducler se presentó el martes pasado en la UIF, a cargo de Mariano Federici, y dejó una nota en la que sostuvo que tenía información sobre la malversación de los fondos que la provincia de Santa Cruz había cobrado en 1993 por regalías petroleras y que se utilizaron para comprar YPF por parte del Grupo Petersen. El financista –que trabajó en esa operación – dijo que había que investigar una asociación ilícita de la que habían participado Néstor y Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Carlos Zannini, Julio De Vido y la familia Eskenazi, dueña del Grupo Petersen.
Ducler pidió aportar esa documentación "dentro del marco de los artículos 13 y 14 de la ley 27.319".
La ley fue publicada el 22 de noviembre pasado en el Boletín Oficial tras la aprobación del Congreso a instancias de un proyecto del Gobierno de Mauricio Macri y creó las figuras del "agente encubierto", "agente revelador" e "informante" para casos en los que se investiga el crimen organizado, entre ellos los delitos económicos y financieros.
Los artículos 13 y 14 crearon la figura del informante para las personas que "bajo reserva de identidad" y "a cambio de un beneficio económico" aporten "datos, informes, testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia pertinente y útil que permita iniciar o guiar la investigación para la detección de individuos u organizaciones dedicados a la planificación, preparación, comisión, apoyo o financiamiento de los delitos contemplados en la presente ley".
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Así, Ducler –quien falleció el jueves en el microcentro porteño de un infarto, determinó la autopsia– esperaba una retribución económica a cambio de la información a entregar. El diario La Nación reveló este lunes que Ducler pidió en la nota en la UIF el 10% del dinero que el estado recuperase.
La norma establece que "el Ministerio de Seguridad de la Nación dictará las disposiciones necesarias a fin de reglamentar las cuestiones atinentes a la procedencia y forma de contraprestación económica".
Pero hasta ahora la reglamentación no fue dictada por la cartera de Bullrich. "Hay una serie de complejidades respecto de si la persona es anónima, cómo se hace el depósito del dinero, qué cantidad se le paga, que información se valora lo que depende de un juez", explicó que una fuente del Ministerio que agregó que la expectativa es que en dos semanas la reglamentación esté terminada.
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La falta de una reglamentación implica que la figura del informante no se puede aplicar. "Hoy no tiene una recompensa por esa información", señaló la fuente.