El gobierno nacional se manifestó formalmente por primera vez en contra de la aplicación del 2×1. Fue a través de un planteo de la Secretaría de Derechos Humanos en una causa en la que es querellante.
Si bien hasta ahora distintos funcionarios habían mostrado algunos matices con respecto a la posición oficial sobre la sentencia de la Corte Suprema, la de este martes se convirtió en la primera muestra de la postura técnica del Poder Ejecutivo.
Según informaron desde el organismo oficial, el pedido del beneficio fue realizado por la defensa de Carlos Eduardo Trucco, quien fue condenado en diciembre de 2013 por el Tribunal Oral Federal N° 1 a la pena de 14 años de prisión por haber cometido delitos de lesa humanidad en Tucumán cuando reportaba como jefe de la Compañía "A" y jefe de personal (OEM) del Regimiento 19 de Infantería de esa provincia, a cargo de la llamada "Fuerza de Tarea Aconquija".
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El condenado solicitó su excarcelación en virtud del reciente fallo de la Corte sobre la situación procesal del represor Luis Muiña. Si bien se trata de un antecedente muy importante, no es de cumplimiento obligatorio para los tribunales inferiores.
"La Secretaría considera inadmisible la solicitud por la desproporcionalidad en la aplicación de la pena violando garantías constitucionales, además de que no se puede pretender la aplicación de la ley penal más benigna, dado que era una ley que no se encontraba vigente al momento que el imputado estaba privado de su libertad", argumentó la Secretaría de Derechos Humanos.
Además recordó que la Constitución nacional incorporó tratados que descartan la posibilidad de que las personas condenadas por delitos de lesa humanidad reciban algún tipo de beneficio en su pena.
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Esta mañana, el fiscal federal Guillermo Marijuán le dio impulso a una denuncia del ex legislador porteño Marcelo Parrilli, quien apuntó contra los magistrados del máximo tribunal que beneficiaron a Muiña con una reducción de la pena.
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