Con las firmas de Eduardo Farah y Martín Irurzun, la Sala II de la Cámara Federal hizo lugar a una pedido de recusación hacia Federico Delgado por parte de Víctor Stinfale y apartó al fiscal de la causa Time Warp, la fiesta electrónica en donde murieron cinco jóvenes el 16 de abril de 2016.
La decisión de la Cámara se da cuando la causa se aprestaba a ir a juicio oral -lo había pedido Delgado- ya que los acusados más importantes están con procesamiento confirmado. Uno de ellos es Stinfale, quien está acusado de ser un organizador y no un asesor jurídico de la empresa que llevó a cabo el evento, como sostiene su abogado, Matías Morla.
El motivo del tribunal para desplazar a Delgado es que el fiscal tiene falta de objetividad y le reprocha que haya pedido la elevación a juicio oral y público demasiado rápido. Sostuvo que todavía quedan medidas de prueba por realizarse.
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"Los Fiscales en su rol de acusadores públicos obligados a impulsar la investigación de todos los delitos de acción pública por el principio de legalidad, están sujetos a determinados principios específicos entre los cuales se encuentra el deber de actuar con objetividad, es decir, el de actuar procurando la verdad y ajustarse ensus requerimientos y conclusiones a las
pruebas legítimas, sean éstas contrarias o favorables al imputado", resume el fallo.
La Cámara advirtió en el fallo "el desinterés" del fiscal Delgado por "el descubrimiento de la verdad objetiva" y aseguró que "su inflexible posición evidencia su incapacidad para ajustarse al trámite del expediente y a las decisiones de la jurisdicción, a punto tal de pretender inaugurar etapas cuya apertura la ley pone en cabeza del juez".
Fuentes judiciales dijeron a DyN que llamó la atención los "duros términos" utilizados por los camaristas para evaluar la labor del fiscal Delgado.
Stinfale fue detenido en mayo pasado por pedido del fiscal Delgado, que lo acusó de ser el organizador principal de la fiesta Time Warp a través de la empresa "Energy Group", manejada por terceras personas.
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A partir de esto, se espera que el expediente, a cargo del juez Sebastián Casanello, se retrase ya que deberá nombrarse un nuevo fiscal, quien deberá interpretar las pruebas y decidir cómo avanzar.
Por esta causa también están procesados como "partícipes necesarios" de la venta de estupefacientes y abandono de persona seguido de muerte a cinco funcionarios porteños de la Agencia Gubernamental de Control, a cargo de la habilitación del lugar, y a 26 agentes de Prefectura Naval Argentina contratados para hacer tareas adicionales en la fiesta.