El Gobierno denunció una concentración excesiva de la obra pública durante la gestión de Daniel Scioli

Antes de la feria judicial, el titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel denunció ante la Justicia federal una llamativa concentración en la distribución de las inversiones en la provincia de Buenos Aires. Las cifras son elocuentes. El 72,64% de las obras adjudicadas por Vialidad entre 2013 y 2015 recayó en apenas 15 proveedores, según consta en la denuncia a la que tuvo acceso Infobae. Algunas de esas empresas también están sospechadas de participar de maniobras oscuras para falsificar la invitación a proveedores y fraccionar las licitaciones.

Iguacel es el mismo funcionario que había denunciado el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. En esa causa fue procesada la ex presidente Cristina Kirchner y se investigan las complicidades entre los funcionarios de Vialidad (nacional y provincial) y el empresario Lázaro Báez. Ahora el foco parece posarse sobre la provincia de Buenos Aires.

Hay otro dato curioso que une las dos causas. El "arrepentido" Leonardo Fariña, que puso en jaque a la ex presidenta, también habló de cartelización en la gestión de Daniel Scioli, esto es, un sistema diseñado para armar licitaciones a medida. "La obra pública en la provincia se manejaba entre Wagner, que era el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el gobernador de la provincia, que era Scioli, y el ministro de Planificación, que era De Vido. Estos modelos de asignaciones irregulares se replicaban en distintas provincias", dijo cuando le tocó declarar ante el fiscal Álvaro Garganta en la causa que investiga al ex gobernador, a su ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y a otros ex funcionarios.

La nueva denuncia de Iguacel -que recayó en la fiscal Paloma Ochoa y en el juez federal Daniel Rafecas- aporta datos sobre la concentración de los adjudicatarios de Vialidad Nacional en la Provincia. En el ranking de las 15 empresas supuestamente favorecidas por la compra de bienes y servicios figuran Tecnoinsumos y Servicios SRL, que recibió $10.186.683 (un 9,98% de los $112.612.410 auditados), Dakobra, TSS y EMICAS, entre otras. Los montos son bajos porque se trata de obras de mantenimiento.

También se denunció la falsificación de invitaciones a proveedores (para simular una competencia) y casos de fraccionamiento de licitaciones para favorecer a determinadas empresas. "Se ha empleado la falsificación sistemática de documentación, mediante el armado de sellos y firmas apócrifas. Se habrían adulterado solicitudes de estimación de presupuesto, invitaciones a proveedores, constancias de retiro de pliego, ofertas y pagarés", dice la denuncia.

Tampoco se comunicaban los llamados a licitación a la Oficina Nacional de Contrataciones. Esto impedía que los proveedores "no invitados" pudieran tomar conocimiento y participar de los procesos.

Entre los apuntados figuran el jefe de Administración del Distrito 1 de Vialidad Nacional, Luis Daniel Lozano; la jefa de la División de Conservación, Angélica Caro; el jefe de la sección de Mantenimiento de la División Administración, Marcial Rojo; la jefa de la sección Compras y Licitaciones, Gladys Pedernera; y el jefe de servicio de apoyo, Carlos José Santella. Algunos de ellos ya fueron apartados de sus cargos de manera preventiva.

Se los acusa de los delitos de negociaciones incompatibles, falsedad material e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Durante el período investigado, todos eran funcionarios de Vialidad Nacional, un organismo manejado a control remoto por el ex secretario José López y el ministro Julio De Vido.

En la denuncia, producto de un informe elaborado por la Unidad de Ética y Transparencia (UET) y la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de Vialidad Nacional, también se acusa a los dueños de varias de las firmas adjudicadas.

La presentación judicial concluye que en la provincia de Buenos Aires las licitaciones eran casi una excepción. ¿Por qué? Entre 2013 y 2015 se lanzaron apenas tres licitaciones sobre más de 500 contrataciones. Casi todas se hicieron por contratación directa o licitación privada. Los datos ya están en manos de la Justicia.