El Presidente privilegió su agenda geopolítica como palanca para reinsertar a la Argentina en el mundo, tras años de aislacionismo ejecutado con rigor y precisión por Cristina Fernández. Macri hizo una apuesta institucional y logró demostrar que su gobierno respetaba las normas de convivencia política y los principios básicos del derecho nacional e internacional. Pero ese imperativo categórico fue puesto en jaque por la causa de Milagros Sala, una dirigente kirchnerista acusada de corrupción en los tribunales de Jujuy.
La controvertida piquetera tiene un activo lobby multilateral que jamás cuestionó los actos autoritarios de CFK, pero que encontró un flanco débil de Macri para machacar con un argumento que es legítimo y acorde a derecho: si no se puede probar que la libertad de Sala implica su fuga o un peligro verosímil para la administración de justicia, debe ser excarcelada hasta su sentencia definitiva.
El Presidente cree en la democracia, rechaza las persecuciones políticas y se mostró firme con Nicolás Maduro en Venezuela. Con Sala en libertad, ratifica su posición ideológica frente a exfuncionarios y operadores del anterior gobierno, que demostraron un articulado poder de fuego en la ONU, la OEA y el CIDH.
Las evidencias son exhaustivas y Sala no puede justificar el destino de millones de pesos que recibió de CFK. Tampoco está en condiciones de probar su inocencia ante denuncias que exhiben su clientelismo político con el manejo de fondos públicos destinados a la vivienda y a la ayuda social. Sala había montado su propio estado en Jujuy y Cristina era su principal apoyo partidario.
Pero hasta que no haya sentencia firme, Sala es inocente. Y si no hay evidencias de fuga o indicios de su capacidad para detener las actuaciones judiciales, la piquetera debe esperar su juicio en libertad. Así está en la ley. Y la ley hay que cumplirla, aunque beneficie a un adversario político que uso y usufructuó el poder sin límites de CFK.
Macri tiene que ser fiel a sus propias ideas y poner en contexto las explicaciones que llegan desde Jujuy. El gobernador Gerardo Morales fue apretado, amenazado y condicionado por la tropa que dirigía Sala. Pero esas conductas mafiosas no justifican la aplicación de la Ley de los Caníbales. Morales debe abrir la mano y consentir que la piquetera recupere la libertad: si ella renueva los aprietes, sólo probará la perspectiva del gobernador radical y regresará a prisión. En cambio, si se permite la excarcelación de Sala, los juicios terminan y se prueba su responsabilidad, Macri podrá demostrar que respetó su propio pensamiento y los acuerdos diplomáticos que Argentina firmó con la OEA, la ONU y la CIDH.
Cumplir con las leyes internacionales, no significa un derrota política. Al contrario, implica que Argentina se somete a las recomendaciones de los organismos multilaterales que integra y financia. Cristina intentó reducir la causa AMIA a una victoria diplomática de Irán, sin que los actuales lobistas de Sala enviaran una sola nota a la ONU o la CIDH. Pone el título que quieras: pragmatismo, realpolitik o simple hipocresía.