La Justicia realizó un allanamiento en la empresa de taxis aéreos Servicios Emprendimientos Aeronáuticos S.A., empresa que alquilaba la gobernación bonaerense bajo el mandato de Daniel Scioli. El operativo se dio en el marco de la denuncia impulsada por Elisa Carrió contra el ex candidato presidencial del Frente para la Victoria por lavado de dinero y fraude al Estado.
El allanamiento a Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos, que se realizó en el hangar que la empresa tiene en el aeropuerto de la localidad bonaerense de San Fernando, fue porque la compañía trasladó al ex gobernador en varias oportunidades en 2014 y 2015 con distintos destinos, como Miami, Brasil o Paraguay.
Scioli fue acusado por Carrió por presunta defraudación a la administración pública y lavado de dinero. La diputada de Cambiemos acusa al ex gobernador y a su equipo de utilizar varios mecanismos para cometer el delito, entre ellos, facturas truchas por servicios nunca prestados.
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En ese marco, la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos quedó en la mira porque los acusados por Carrió habrían utilizado facturas reales que la compañía presentó ante la Provincia por vuelos realizados para realizar las maniobras ilegales.
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El caso
En septiembre, dos investigaciones periodísticas presentadas en los programas La Cornisa (América) y Periodismo Para Todos (Canal 13), revelaron que la gestión de Scioli habría realizado maniobras para encubrir gastos irregulares por $17 millones. Elisa Carrió realizó la presentación correspondiente ante la Justicia, y comenzó la investigación.
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Las sospechas de los investigadores es que el mecanismo funcionaba de esta forma: el contador general de la provincia Carlos Machiaroli aprobaba los gastos sin revisión; el expediente ingresaba al Tribunal de Cuentas 16 meses tras el cierre del año en que se hacían los gastos; se realizaba una auditoría para poder aplicar las multas correspondientes por las irregularidades; y finalmente el expediente era "limpiado" por los "auditores jefes", que lo remitían a la vocalía, máxima instancia del Tribunal de Cuentas.