El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR-Cambiemos), impulsa una ley que restringe el acceso de la prensa a información judicial, y establece sanciones para los funcionarios que incumplan la normativa. La iniciativa ya cosechó duras críticas y resistencias de parte de la oposición y el sector periodístico, que calificaron a la propuesta como "cepo judicial" y "ley mordaza".
Después de elegir como jefe de los fiscales a Alejandro Gullé, quien se encargará de encabezar las investigaciones judiciales, el mandatario provincial avanza con la reforma de la ley 8008, del Ministerio Público Fiscal, proyecto que quedó paralizado por la discusión que desató el artículo siete que afecta al derecho a la información judicial.
Según ese apartado, los fiscales tendrán prohibido hablar con los medios de prensa y dispone que la información "será proporcionada por oficinas habilitadas al efecto por la Procuración General". Además, estipula sanciones para los funcionarios que no acaten esa orden, al punto de ser acusados por mal desempeño de sus funciones, un causal de remoción en el cargo.
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Si bien había un consenso general en el resto de los puntos de la reforma, ese artículo provocó que el trámite legislativo se frene. La semana pasada, el Frente para la Victoria no dio quórum para aprobar la ley, pese a que el oficialismo cuenta con los votos para sancionarla. Mañana volverá a discutirse el tema en la Cámara baja provincial.
Repudio de los periodistas
El Sindicato de Prensa de Mendoza rechazó la reforma y aseguró que el intento del gobernador de Cambiemos "configura una ley mordaza por el control que se apunta a establecer sobre lo que se da a conocer. La embestida es contra el libre ejercicio del periodismo y, fundamentalmente, contra el derecho de la sociedad a estar informada de todo lo que le concierne saber, conculcando, de tal manera, garantías constitucionales y Pactos Internacionales".
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Los trabajadores del sector periodístico entienden que la ley "afecta la transparencia que deben exhibir ante la sociedad en relación a las causas que investigan" e "interpone un escollo al desenvolvimiento de los periodistas en busca de información directa y veraz de boca de los protagonistas de la investigación".
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"Rechazamos limitar la información a la información oficial, pasible de recortes y manipulaciones funcionales a las necesidades oficiales, más aún, en la actualidad, cuando de cuestiones de seguridad se trata", concluyó el sindicato, que solicitó a los legisladores que rechacen la modificación del artículo 7 de la reforma.
Por su lado, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresó su preocupación por la iniciativa por el "cepo judicial", ya que a su entender "implicaría una grave restricción al trabajo de los periodistas y un virtual condicionamiento de la garantía constitucional de la publicidad de los actos de gobierno".
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"Este «cepo judicial» supone que toda información relacionada con la seguridad y con causas judiciales pasará por el «filtro» de un control político, lo que seguramente ocasionará demoras y distorsiones indebidas al ejercicio del derecho de informar, con perjuicio directo para la ciudadanía en lo que respecta a su derecho de recibir información con celeridad y precisión", señalaron desde Fopea.
"Periodistas y fiscales son profesionales, cada uno en su ámbito de competencia, conscientes de la sensibilidad de los asuntos que conciernen a la seguridad y los casos que son motivo de investigación penal. Existe ya un marco jurídico que regula estos asuntos y pretender acotar aún más la cuestión implica transgredir el espíritu y la letra de la Constitución y el derecho a la información", completó el foro de periodistas.