La semana pasada, funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de diversos espacios políticos volvieron a reunirse en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Lo hicieron junto a enviados de los equipos de campaña del presidente Barack Obama, con quienes intercambiaron ideas. El puntapié inicial había sido a fines de julio, en el marco de un seminario en la SIGEN, el primer paso de un periplo a través del cual el Gobierno pretende modificar el financiamiento de la política.
En realidad, el interés del Gobierno de sincerar la financiación de las campañas electorales no obedece solo a un mensaje de prolijidad hacia la sociedad sino a la necesidad de ordenar las cuentas ahora que el PRO desembarcó en el máximo nivel del Estado, al que llegó con un discurso de transparencia que deberá sí o sí sostener. Mauricio Macri sabe que su campaña presidencial estuvo atravesada por irregularidades en las que los principales partidos políticos cayeron en los últimos años.
No es un detalle menor, pero en comparación a otros ejemplos que no figuran en los papeles podría serlo: la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) posó la lupa en la campaña de Macri -también en las de Daniel Scioli y Sergio Massa- por supuestas irregularidades por tres aportes, uno de ellos del cuñado del Presidente, uno de los mayores donantes a su postulación. Los asesores presidenciales que trabajan en la modificación de la normativa vigente, y que en las últimas semanas revisaron ese expediente de la procuración, buscan elevar considerablemente los topes y montos de aportes y que las empresas puedan volver a aportar en períodos electorales, para no tener que pasar otra vez por la necesidad de hacer malabares con la financiación.
En los papeles, los partidos políticos pudieron gastar el año pasado algo más de 200 millones de pesos, pero el gasto real, según confiaron apoderados y fuentes vinculadas a la logística de la última campaña de los principales espacios, fue de unos 1.000 millones de pesos. El dinero negro que circula en épocas electorales es abismalmente superior al blanco. Los encargados de manejar el engranaje de ese sistema, del riñón de Macri, dicen no estar dispuestos a aceitarlo de nuevo.
Es que el sistema de financiamiento de la política no da para más. Movimientos de cientos de miles de pesos y dólares sin ningún respaldo impositivo. El año pasado, en medio de la campaña electoral y con el cepo al dólar en pleno, uno de los recaudadores de uno de los tres candidatos más importantes le confió a Infobae que, en rigor, la restricción cambiaria los beneficiaba porque la moneda estadounidense rendía muchísimo más y porque "en una mochila vale más un millón de dólares que un millón de pesos". El hombre andaba con custodia de acá para allá por el traslado constante de efectivo. E imploraba por lo bajo, mientras su candidato prometía en publico la eliminación del cepo, que la cotización de la divisa norteamericana se mantuviera en alza en el mercado paralelo para aumentar el rendimiento de esos billetes.
En el búnker del PRO de la calle Balcarce, en el barrio porteño de San Telmo, existía el año pasado una especie de cueva o pequeño salón en el que se le paga a los proveedores con dinero en efectivo. "En dos de las tres campañas grandes en las que participé en Argentina pude corroborar que esa es la norma, financiamiento privado por zurda", abunda un encuestador de primer nivel.
Durante el seminario en la SIGEN, a fines del mes pasado, Pablo Secchi, director Ejecutivo de Poder Ciudadano y experto en el rubro, aseguró que la única forma de encarar una transformación en serio del financiamiento es con la implementación total de la bancarización del sistema de aportes. "Sin eso no hay voluntad real de cambiar. Cuando vemos los listados de donantes hay gente que pone 50, 100.000 pesos en efectivo", ejemplificó Secchi. Es uno de los puntos en los que trabajan en la Casa Rosada.
El sistema, ya inviable, rige para todos los espacios políticos. El kirchnerismo, que en la modificación del 2009 incluyó la cesión gratuita de los espacios publicitarios de radio y TV a todos los partidos, también arrastra su propio lastre. Hace 15 días, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos del juez Ariel Lijo por supuesto lavado de activos contra los responsables financieros del Frente Para la Victoria y tres empresarios por la campaña del 2007. Héctor Capaccioli, ex recaudador K, todavía no está dispuesto a decir en público lo que masculla en privado en su entorno: que recibía órdenes, que varios ex funcionarios también manejaron y recaudaron millones en efectivo para la postulación de Cristina Kirchner, y que esa postulación habría costado al menos unos 50 millones de dólares, muchísimo más que lo permitido por ley.