El fiscal federal de la UFI Pami, Javier Arzubi Calvo, ratificó en Infobae el fraude a la obra social de los jubilados en Santiago del Estero aunque no precisó el monto y anticipó que en los próximos días habrá denuncias similares "en otras provincias del norte argentino".
Arzubi Calvo está hace un mes en la UFI Pami donde fue designado por Alejandra Gils Carbó; se mantiene distante del movimiento Justicia Legítima donde nunca militó y valoriza el compromiso del personal y las actuales autoridades del PAMI con la transparencia.
La unidad fiscal que tiene a su cargo investiga todos los delitos que afecten al patrimonio y los afiliados del Pami, pero también aclara que "investiga todos los delitos que involucren a los funcionarios del organismo".
"Por eso remarco la colaboración de las autoridades del Pami ya que tengo acceso a todo lo que requiero y nos están financiando muy bien las actividades que desarrollamos", sentenció.
Asimismo, anticipó que pidió una ampliación de la dotación de personal y se mostró confiado en contar "con al menos 7 personas adicionales antes de fin de año previo concurso público". Actualmente tiene 16 empleados para asistir a la justicia de todo el país.
Santiago del Estero
En cuanto a la denuncia en la provincia del norte, la causa se inició "por una farmacéutica que le llamo la atención que una pareja todas las semanas compraba con recetas falsas insulina y tiras reactivas para diabéticos", dijo el fiscal.
"El doctor Pedro Simón ordena las primeras medidas y en el allanamiento a la casa de la pareja encuentran troqueles falsos y recetas apócrifas además de diversos sellos", según relató al afirmar que "ahí empieza la primera investigación".
"La segunda fue fruto de que el Pami nos informa que había pacientes fallecidos que estaban retirando medicación. Allí constatamos la irregularidad. También llamamos a varios afiliados y nos dijeron que no hacían los consumos", graficó.
Pasando en limpio. Para el fiscal todo se inicia cuando están detectados "1622 consumos de 60 afiliados por un valor de 1,5 millón de pesos promedio mensuales".
"Desde ahí estuvimos en contacto con el juzgado federal de Santiago del Estero. Hubo 16 allanamientos en farmacias y varios domicilios particulares que derivaron en 16 imputados entre farmaceúticos, empleados de farmacias y particulares", contó el fiscal federal para quién aún "no hay monto determinado porque no me atrevería a decir cual fue el prejuicio".
A modo de ejemplo contó que "una farmacia en 2013 facturó por reactivos e insulina $ 800.000 y luego en 2014 facturó $ 10 millones y en 2015 $ 11 millones. En febrero de 2016 facturó $ 1 millón mensual y luego de conocida la denuncia y producidas las primeras detenciones la facturación cayó a $ 40.000 mensuales".
Nuevas denuncias
Consultado sobre si es demostrativo de lo que ocurre en el resto del país, fue tajante al decir que sí y que en los próximos días habrá mas denuncias en la provincias del norte.
Asimismo dijo que "lo que sucedió no se podría haber echo sin la participación de eslabones del organismo y por eso hay un funcionario del Pami imputado".
Finalmente dijo que "con la receta electrónica se podrían evitar muchas de estas estafas porque se controlaría mejor la trazabilidad de los remedios" y remarcó que en las denuncias actuales "no se trata de medicación falsa".
La entrevista completa: