Los números de la privación de la libertad en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires informa anualmente la evolución de la cantidad de personas privadas de la libertad y otros aspectos vinculados. Quien realiza esa tarea es la Procuración General ante la Suprema Corte de Justicia, que es la responsable del Registro Único de Detenidos, ente que recibe la información en forma cotidiana (en línea) de los organismos judiciales. Los datos informados son relevantes para extraer algunas conclusiones con un grado de certeza superior a las meras intuiciones sobre el desempeño estatal en esta área tan sensible, que habitualmente genera controversias públicas. Aquí nos referiremos al período comprendido entre el 17 de diciembre de 2014 y su similar de 2015, que acaba de conocerse públicamente.

Cantidad de personas privadas de la libertad

De acuerdo con la información proporcionada, al 17 de diciembre de 2015 la provincia de Buenos Aires tenía privadas de la libertad (alojadas en el ámbito del servicio penitenciario bonaerense, alcaldías y dependencias policiales, como asimismo bajo el régimen de arrestos o prisiones domiciliarias y, en menor medida, en el servicio penitenciario federal y servicios penitenciarios y dependencias policiales de otras provincias) un total de 39.929 personas, contra 35.979 que se registraban para igual período del año anterior, lo que representa un incremento del 11% del total de la población reclusa.

La tendencia alcista es sostenida en los últimos años, ya que en 2012 contábamos con 30.988 personas detenidas, mientras que en 2013 ese número era de 31.621 privados de la libertad.

Tasa de detención bonaerense

Otro modo de ver las estadísticas de prisionización es por medio de la tasa de encarcelamiento, que es una variable empleada internacionalmente y que mide la cantidad de personas privadas de la libertad cada cien mil habitantes.

La tasa de encarcelamiento bonaerense era de 198 para 2012, 202 para 2013, 230 para 2014 y 240 para 2015, lo que supera con creces la tasa argentina, que durante los mismos períodos osciló entre 150 y 160.

En los desagregados por departamento judicial encontramos que los más encarceladores son San Martín (317), San Nicolás (309), Mercedes (296) y Dolores (278), mientras que los menos encarceladores son Necochea (86), Bahía Blanca (137), Trenque Lauquen (149) y Pergamino (158).

En un segundo análisis, puede advertirse que, sin lugar a dudas, los departamentos judiciales más encarceladores son los del Gran Buenos Aires y sus aledaños (donde se supone que existen niveles de conflictividad más agudos), pero, sin embargo, vemos en ese grupo a Dolores, con una tasa nada desdeñable, que si bien podría justificarse por la problemática relacionada con la temporada de verano en la zona costera, no se sigue lo propio en Mar del Plata, que conserva una tasa de 211.

Del mismo modo, los departamentos menos encarceladores son los vinculados con zonas rurales y centros urbanos menos poblados (Necochea, Trenque Lauquen y Pergamino), pero allí encontramos a Bahía Blanca, que es una de las ciudades más importantes de la provincia, que ostenta una tasa de 137/100.000.

Consecuentemente, podemos inferir que si bien la tasa de encarcelamiento tiene incidencia con las conflictividades territoriales, no puede descartarse el papel que desempeñan las personas encargadas de aplicar la ley en sus intensidades.

En el comparativo entre 2014 y 2015, hallamos que los departamentos judiciales que más incrementaron sus respectivas poblaciones penitenciarias fueron Dolores (de 226 a 278), Mercedes (de 267 a 296) y Junín (de 155 a 181), mientras que hubo tres departamentos que disminuyeron su población penitenciaria: Pergamino, con un significativo descenso de 251 a 158, Necochea, con otro significativo 136 a 86 y San Isidro, con un más humilde 227 a 222.

Detenidos con prisión o arresto domiciliario

La provincia mantiene constante un 5% del total de su población privada de la libertad bajo regímenes morigerados, ya sea de prisión o arresto domiciliario, con distintas modalidades (control por monitoreo electrónico, bajo responsabilidad de una tercera persona, con seguimiento policial o del Patronato de Liberados, etcétera).

Nuevamente, constatamos que los departamentos judiciales del Gran Buenos Aires son los más remisos a estas alternativas (La Matanza, Morón, San Isidro y San Martín, con tan sólo el 2% de las personas fuera de las prisiones), en tanto existen otros departamentos judiciales que exceden con holgura la media provincial (tal el caso de Pergamino, con un 35%; Necochea, con un 23%, Dolores, con un 15% y Junín, con un 11%).

Detenidos por sexo y edad

Se trata de un rubro que mantiene las constantes a través del tiempo: el 95% de las personas privadas de la libertad son varones, mientras que el 5% restante son mujeres. Por su lado, el 66% tiene menos de 30 años de edad, el 21% entre 30 y 40 años, y el 13% restante, más de 40 años.

Los datos precedentes no hacen más que confirmar que los presos bonaerenses (al igual que sucede en el resto del país y la región) son varones y jóvenes. Carecemos de la composición socioeconómica de la población reclusa, pero es fácil de imaginar.

Detenidos según estado procesal

De acuerdo con la información consultada, el 42,92% de los privados de la libertad se encuentra detenido (prisión preventiva), el 13,35%, con sentencia condenatoria no firme y el 43,73% restante cumple condenas firmes.

Dos cuestiones a este respecto. El número de presuntos inocentes encarcelados sigue siendo elevado (56,27%), si consideramos a los que aún no han tenido juicio y los que, luego del juicio, conservan el estado de inocencia por encontrarse sus fallos en revisión. De todos modos, si comparamos estos números con la mayoría de los países de la región, se encuentran en niveles que no podríamos tildar de escandalosos. Esta afirmación no debe ser tomada como una disculpa, ya que es indudable e incuestionable que dentro de ese 56,27% de personas privadas de la libertad sin una sentencia firme existe un importante número de inocentes de toda inocencia, situación inaceptable para cualquier Estado de derecho que se precie de tal.

La otra conclusión es que el importante número de presos con sentencias condenatorias firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada sólo se puede explicar por la extendida vigencia del proceso de flagrancia y los juicios abreviados, que en los hechos han operado como un extraordinario mecanismo de agudización de la natural selectividad del sistema penal.

Detenidos según delito

En este rubro también se mantienen las tendencias, con un 52% de presos por delitos contra la propiedad (fundamentalmente robos calificados por distintos motivos), un 21% por delitos contra las personas (básicamente homicidios), un 14% por delitos contra la seguridad pública (narcomenudeo, que en rigor es contra la salud pública), un 9% por delitos contra la integridad sexual (distintos tipos de abusos sexuales) y el 4% restante por otros delitos.

Tiempo transcurrido desde el comienzo de la detención y el dictado de la sentencia

Los tiempos de duración de los procesos con personas privadas de la libertad oscilan entre los 111 y los 190 días, para los procesos de flagrancia, según se trate de juicios abreviados u ordinarios y de 382 a 371 días, en los procesos ordinarios, según se trate de un juicio común o un juicio abreviado.

Detenciones por orden del fiscal y por orden judicial

El último dato relevante es que el 90% de las detenciones se produce por orden de un fiscal, mientras que sólo el 10% es por orden judicial.

El autor es Director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal y juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea