La Justicia frenó este lunes los aumentos de luz, gas y agua en La Matanza, un distrito donde viven más de un millón de personas, tras un recurso de amparo presentado por la intendente kirchnerista Verónica Magario. La medida involucra a hogares, asociaciones civiles y públicas y sectores productivos en ese distrito bonaerense.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 10, a cargo de la jueza Edith Irene Rota, resolvió que se dé marcha atrás con los ajustes aplicados y se vuelva a facturar a los usuarios que hubieran recibido los aumentos autorizados por el gobierno de Mauricio Macri.
La medida beneficia a hogares, empresas del municipio, los clubes de barrio, los centros de jubilados, la Universidad Nacional de La Matanza y demás asociaciones sociales y deportivas del distrito.
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En la resolución emitida, la jueza entiende que Magario en su carácter de intendenta representa a la totalidad del municipio, y que las medidas de aumento dictadas por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación "son susceptibles de generar un perjuicio irreparable a los usuarios de los servicios públicos señalados".
La jueza resolvió en primer lugar declararse incompetente para permitir que el caso se remita a la esfera del Justicia Federal y, al mismo tiempo, "hacer lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada" por la jefa comunal, ordenando la suspensión de la aplicación de los incrementos tarifarios.
La orden judicial es también específica en cuanto a los pasos a seguir a partir de ahora y establece que: se debe "ajustar las facturas que se hubieran emitido bajo los parámetros del tal normativa, a las tarifas previas a las citadas resoluciones, efectuándose nueva liquidación a tal fin".
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Además, la resolución advierte que "si la nueva facturación ordenada no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, las citadas empresas deberán admitir el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad a los incrementos establecidos (…), sin que ello pueda implicar, en modo alguno, la interrupción o alteración de los servicios".
Para el caso de que los aumentos facturados se hubiesen abonado a la fecha de notificación de la presente, sus importes deberán tenerse por pagados a cuenta, reintegrándose su monto en las próximas facturas hasta su compensación total.
La medida comprende también las boletas que estas prestadoras emitan en lo sucesivo, que no deberán incluir el aumento previsto en las resoluciones y disposiciones señaladas, por el término de tres meses (180 días) a partir de la notificación.
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"Nos sentimos muy satisfechos con la resolución de la jueza porque se hace justicia con nuestro municipio. Todos los sectores sociales y productivos de La Matanza acompañaron esta solicitud que ahora se convierte en un amparo efectivo para evitar que se agrave aún más la crisis desatada por las medidas económicas que hicieron regresar el hambre a nuestros barrios más populares", dijo Magario.
"Esta es una demostración de lo que puede avanzar y lo que se puede lograr con una Matanza unida parta defender sus derechos, a su gente, a la Universidad y a nuestras pymes que generan el 90% del empleo de nuestro municipio", enfatizó Magario.
Tierra del Fuego, Río Negro y La Plata
Algo similar había ocurrido días atrás en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, donde la Justicia ordenó "suspender" la aplicación del aumento de la tarifa del gas, al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por el municipio, que fue acompañado por más de 26 mil firmas de vecinos.
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Ante la solicitud, que fue acompañada por el intendente Gustavo Melella, la jueza Lilian Herráez instó al Ministerio de Energía y Minería a aplazar el incremento en el servicio, "manteniendo el suministro de gas correspondiente a los usuarios de la ciudad de Río Grande".
Otras medidas judiciales se produjeron antes, por el incremento tarifario, no solo en gas, sino también en el servicio eléctrico. El 20 de mayo, la comuna de Bariloche presentó un amparo contra el aumento de gas, en cuya documentación se incluyeron 30 mil firmas y cinco casos testigo.
El 31 de mayo, el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Federcio Arias suspendió el aumento de las tarifas de cuatro de las empresas distribuidoras de energía eléctrica que prestan el servicio en la provincia de Buenos Aires, entre ellas Edelap, al hacer lugar a una demanda del colectivo Acción en la Subalternidad contra una resolución del gobierno de María Eugenia Vidal, que aumentó las tarifas eléctricas entre un 100 y un 215 por ciento.
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Asimismo, el 2 de junio último la jueza federal de Río Negro Mirta Filipuzzi dispuso la suspensión de las resoluciones 28/16 y 34/16 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en beneficio de la totalidad de los residentes domiciliarios dentro del ámbito territorial de este Juzgado Federal. Eso incluye a Viedma, San Antonio Oeste, Valcheta, Sierra Colorada, Ramos Mexía, Sierra Grande, General Conesa y Las Grutas.