Los Pérez Companc son la tercera familia más rica del país con una fortuna de 1.500 millones de dólares, según el ranking de la revista norteamericana Forbes. Esta semana varios de sus principales integrantes quedaron a un paso del juicio oral y público por la evasión de más de cinco millones de pesos de impuestos mediante el uso de facturas falsas.

La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Jorge y Luis Pérez Companc y de María Carmen Sundblad, los hijos y la esposa de Gregorio Pérez Companc, fundador de la petrolera PeCom y dueño de la alimenticia Molinos Río de La Plata. Además, la Cámara ordenó que se encamine el proceso para el envío a juicio oral de la causa, adelantaron a Infobae fuentes judiciales.

¿La acusación? Como integrantes del directorio de Molinos se valieron de facturación falsa de empresas sin capacidad operativa y económica para obtener un indebido reintegro de créditos fiscales en concepto de IVA por operaciones de exportación.

La causa se inició por una investigación interna de la AFIP que determinó que al menos desde 2004 a 2008 Molinos realizó esa maniobra para evadir impuestos.

El organismo fiscal determinó que la firma compraba granos y cereales a empresas con domicilios fiscales que no existían o en los que nunca había nadie, que no eran agentes de retención del IVA, que no tenían personal en relación de dependencia o lo tenían con una cantidad de empleados que no se correspondía con las actividades que declaraba realizar.

Los Pérez Companc son la tercera familia más rica del país

También que se inscribían en el Registro Fiscal de Operadores de Granos con información falsa.

Una de ellas, Baerco S.A. tenía como presidente a un jubilado de 78 años que dijo que dio su nombre para aparecer en la empresa a cambio del pago de $500 durante algunos meses.

Otro caso es el de AG Cereales S.R.L., que declaró tener una planta de silos que no existe. O el de Compañía Exportadora de Frutos del País S.A., que se dedica a la elaboración de productos alimenticios pero que no tiene empleados en relación de dependencia ni depósitos para almacenar mercaderías.

El fallo de la Cámara menciona en total a 51 compañías con irregularidades.

El uso de facturas falsas es una práctica común para la evasión de impuestos. El empresario Lázaro Báez está preso acusado de haber lavado dinero mediante ese mecanismo. Y en el caso de la empresa sueca Skanska fueron condenados los dueños de las empresas que emitían las facturas falsas y dos funcionarios de la AFIP.

La investigación del ente recaudador contra Molinos determinó que en 2006 y 2007 la empresa tuvo un aprovechamiento indebido de subsidios por reintegro de exportación de $3.517.082,93 y de $444.942,48 respectivamente; y en 2007 una evasión de $1.459.846,09 del Impuesto a las Ganancias.

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó a Jorge y Luis Pérez Companc, a Sundblad y a Juan Manuel Forn Vivanco, a Carlos Cupi y a Jorge Micozzi, también integrantes del directorio de la empresa. Primero habían sido sobreseídos pero la Cámara ordenó que la causa se siga investigando.

La Justicia consideró que Gregorio Pérez Companc no se encuentra en condiciones de salud para afrontar el proceso

Gregorio Pérez Companc, de 81 años, está imputado en la causa pero el Cuerpo Médico Forense determinó que no se encuentra en condiciones de salud para afrontar un proceso penal.

Los períodos fiscales de 2004 y 2005 ya prescribieron mientras que continúa abierta la causa por el año 2008.

Los acusados se defendieron al señalar que las compras de materia prima para la producción no era función del directorio, sino de otros sectores de la empresa. También que Molinos cumplió con todas las exigencias legales para la compra de granos, que se hizo por transferencia bancaria y que las irregularidades eran cometidas por sus proveedores. Los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, Daniel Rudi, Alberto Lugones y Hugo Gurruchaga, rechazaron los argumentos.

"No se discute la existencia formal de los mentados proveedores (es decir, que existen documentos tales como facturas, boletos de compra venta, cartas de porte, etc. confeccionados con sus datos fiscales), sino la real existencia de la operación que habría sido acordada entre éstos y la empresa exportadora", sostuvieron los camaristas.

Así, reseñaron las irregularidades de cada empresa proveedora y destacaron que los Pérez Companc y el resto de los miembros del directorio eran quienes tomaban las decisiones de esas operaciones porque tenían un "perfecto conocimiento del real estado de las cosas por su dominio de un aparato organizado".

"Bajo la máscara del cumplimiento de todos los recaudos formales exigibles, usaron supuestos proveedores con apócrifas facturas sin capacidad necesaria para realizar las compraventas comerciales declaradas, lo que impide considerar que resulten las causas genuinas del crédito fiscal del IVA vinculado con operaciones de exportación que Molinos Río de la Plata S.A. solicita en devolución a partir de esos supuestos proveedores con apócrifas facturas", explicaron.

“Usaron supuestos proveedores con apócrifas facturas”, dictaminó la Cámara Federal de San Martín

La Cámara también se basó en un fallo de agosto del año pasado de la Corte Suprema que rechazó un planteo de Molinos para que le reintegren el IVA por sus exportaciones. El máximo tribunal sostuvo que el uso de facturas falsas impedía esa devolución.

Con su fallo, la Cámara ratificó el procesamiento de los Pérez Companc y los otros tres miembros del directorio por los delitos de aprovechamiento indebido de subsidios de naturaleza tributaria y evasión tributaria agravada. También el embargo por $20 millones a cada acusado (uno de los jueces votó en disidencia sobre ese punto).

Los magistrados le ordenaron a Arroyo Salgado que eleve a juicio oral este tramo de la causa y "completar las diligencias retrasadas" sobre los restantes períodos fiscales que están siendo investigados.

El tribunal también dispuso que la jueza analice si se debe investigar a los Pérez Companc por las dos empresas offshore que tienen en Panamá. La investigación de los Panamá Papers reveló que Gregorio y Jorge Pérez Companc son dueños de dos empresas radicadas en ese país.