El Perú no suele fallar por falta de planes, sino por falta de continuidad. Cada ciclo político trae prioridades nuevas y las obras que no terminan en un periodo rara vez sobreviven al siguiente. Por eso, el lema de CADE Ejecutivos 2026, “Unidos para avanzar”, invita a recordar que avanzar exige sostener decisiones durante años.
IPAE, organizador de CADE, incorporó este año la infraestructura como nuevo pilar de trabajo, con énfasis en servicios básicos. Es una prioridad razonable. Pero la conversación sobre infraestructura suele detenerse en lo que se ve: carreteras, agua, saneamiento. Rara vez incluye la que define cuánto podrá producir el país en veinte años: la del conocimiento. Laboratorios, bibliotecas y centros de investigación aplicada también son infraestructura y, a diferencia de una carretera, no se pueden improvisar: requieren terreno, diseño, financiamiento y, sobre todo, años de ejecución sostenida.
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La brecha regional hace más urgente esta discusión porque 12 regiones concentran 73,7 % de la producción nacional y ninguna cierra esa distancia solo con obras físicas. Cada una necesita profesionales e investigación que conviertan la inversión en productividad.
La Universidad de Lima ofrece un caso útil para discutirlo. En 2016 formuló un plan maestro de infraestructura a 25 años con la firma estadounidense Sasaki, apoyado en encuestas, grupos focales y mesas de trabajo con estudiantes, docentes, administrativos y autoridades.
Desde entonces lo ha ejecutado por etapas: el Centro de Bienestar Universitario en 2020; el Centro de Innovación Tecnológica en 2021, con laboratorios como Fab Lab y Smart Factory, y espacios de investigación en nanotecnología, microbiología e inteligencia artificial; y, en 2026, la Biblioteca Antonio Pinilla, de un sótano y ocho pisos, que septuplica la capacidad de la anterior. Siguen el Edificio Académico y la sede de la Escuela de Posgrado, con una inversión estimada de entre 400 y 500 millones de soles.
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Lo relevante no es la cifra, sino el método. Un plan escrito, con etapas cumplidas y metas más allá de una gestión, es justamente lo que el Perú le reclama a su sector público y a buena parte del privado. En educación superior, donde los retornos tardan en verse, ese horizonte pesa más que en otros sectores.
Nada de esto exime del escrutinio. Los edificios no garantizan resultados: un laboratorio vale por los proyectos que produce y por su vínculo con la industria, y una biblioteca, por cómo se usa. La inversión también debe explicarse, sobre todo en un sector donde las familias vigilan lo que pagan.
La conclusión es clara. Si el país quiere unirse para avanzar, su agenda de infraestructura debe incluir la del conocimiento y mantenerse en el tiempo. Planificar a 25 años no es un lujo de las instituciones grandes, sino la condición para que la inversión rinda. El caso de la Universidad de Lima, que cumplirá 65 años en 2027, muestra que es posible.
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