Senadores de distintas bancadas exigieron a la Cancillería que defina la posición del Gobierno y formalice el pedido de ratificación del Tratado de Alta Mar, conocido como Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ).
El país tiene hasta el 11 de diciembre para completar el procedimiento si busca participar con voz y voto en la primera Conferencia de las Partes (COP1), prevista para enero de 2027 en Nueva York, Estados Unidos.
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Perú tiene hasta el 11 de diciembre para participar con voto en la COP1
Si Perú no ratifica el instrumento dentro de ese plazo, podrá asistir a la conferencia solo como observador. El acuerdo regula la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en espacios ubicados fuera de las jurisdicciones nacionales.
Durante una sesión de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, el embajador en retiro Nicolás Roncagliolo, exdirector general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos, sostuvo que el tratado representa un asunto estratégico para el país.
“Para el país, el BBNJ es una cuestión estratégica de interés marítimo y de política exterior. Su evaluación exige preservar las posiciones jurídicas nacionales, identificar oportunidades de cooperación científica y considerar la importancia de participar en la construcción de reglas internacionales sobre los océanos”, afirmó.
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El diplomático recomendó al canciller Carlos Espá avanzar con el procedimiento. “Conviene a nuestros intereses nacionales ratificar a la brevedad el tratado BBNJ”, remarcó.
El Ejecutivo aún no presenta el pedido formal ante el Senado
La senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, solicitó al Gobierno que precise si retomará el proceso de ratificación y cuestionó la ausencia del canciller Carlos Espá durante la sesión. La legisladora pidió conocer si existe una posición política definida y cuándo se enviará la documentación requerida.
Luque sostuvo que el acuerdo no afecta la soberanía nacional ni modifica el límite de las 200 millas marítimas, debido a que abarca únicamente espacios de alta mar. Añadió que permitiría intercambiar información científica, compartir evaluaciones de impacto ambiental y reforzar capacidades tecnológicas para proteger la biodiversidad marina.
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“Si el Gobierno ha manifestado su interés en participar activamente, eso significa hacerlo con derecho a voto y no solamente con voz. Y para dejar de ser observadores, necesitamos ratificar el tratado”, señaló.
La senadora Patricia Iturregui, de Buen Gobierno, cuestionó que el Senado discuta los alcances del acuerdo sin que el Ejecutivo haya emitido el decreto supremo que formalice la solicitud de ratificación.
“Los diplomáticos nos están diciendo que debemos aprobarlo para poder participar, tener voz y voto en asuntos fundamentales relacionados con el mar. Nosotros somos una potencia. ¿Cómo no vamos a participar? Sin embargo, no hay un decreto supremo que solicite al Senado su ratificación”, manifestó.
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El senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú, también pidió información sobre la fecha en que la Cancillería enviará los documentos necesarios para iniciar el debate legislativo.
El acuerdo no modifica las 200 millas marítimas del país
El embajador Librado Orozco Zapata, director general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos de la Cancillería, reconoció que el proceso enfrenta demoras. Explicó que los cambios de autoridades motivaron nuevas consultas internas sobre los alcances, ventajas y compromisos que implicaría el tratado.
Orozco recordó que el proceso comenzó en 2023 y que Perú suscribió el acuerdo en junio de 2025, tras consultas con los sectores involucrados. Sin embargo, confirmó que el instrumento todavía no ha sido remitido al Senado para su ratificación y evitó establecer una fecha para completar ese paso.
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El funcionario advirtió que el país debe definir su posición antes del 11 de diciembre si pretende intervenir con voto en la COP1 de enero de 2027. La decisión está en manos del Gobierno.
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