El Ministerio del Interior (Mininter) de Perú anunció que el Gobierno fortaleció la protección legal de los ciudadanos que actúen en legítima defensa frente a la violencia criminal, mediante la publicación del Decreto Legislativo N.° 1743, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal. La norma busca garantizar que quienes se vean obligados a herir o abatir a un delincuente para proteger su vida no enfrenten consecuencias penales por las circunstancias reales en las que actuaron.
El titular de la cartera, César Astudillo Salcedo, explicó los motivos detrás de la medida durante declaraciones recogidas por Andina Noticias. “La percepción siempre es que al criminal se le ha dado todo a favor. Él sí puede disparar, él sí puede acribillar, pero ¿por qué el ciudadano no puede defenderse de este criminal? ¿Por qué el ciudadano puede ser sometido, incluso, a prisión por abatir a un criminal que lo ha querido matar?”, cuestionó el ministro.
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“Que la población pueda defenderse”
El titular del Mininter sostuvo que la medida apunta a que la población pueda proteger su vida y la de su familia sin que se desconozcan las circunstancias del hecho al momento de repeler una agresión. El funcionario vinculó la norma con el derecho al uso de armas adquiridas de forma legal como mecanismo de defensa personal.
“Teníamos que darle una ley a la población que se está defendiendo, que ha adquirido un arma totalmente en forma legal, y se pueda defender, y defender a su familia de un criminal que lo quiere, no solamente asaltar, sino que lo va a matar con facilidad”, sentenció el ministro ante medios locales.
Legítima defensa presume actuación racional
El Decreto Legislativo N.° 1743 modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal y refuerza la exención de responsabilidad penal para quienes actúan en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, incluso mediante el uso de fuerza letal. Para que opere esta exención deben concurrir tres presupuestos: una agresión actual, ilegítima y real; la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y la ausencia de provocación suficiente por parte de quien ejerce la defensa.
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Entre los cambios centrales, la norma establece una presunción de racionalidad a favor de quien se defiende: se asume que la persona actuó de manera razonable frente a la agresión, y recae en el Ministerio Público la carga de demostrar lo contrario. Toda resolución judicial que descarte esta presunción deberá contar con una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.
Se elimina igualdad de condiciones
La reforma elimina el criterio de proporcionalidad de medios que antes se utilizaba para evaluar la necesidad racional de la defensa. En su reemplazo, dispone que se tomen en cuenta factores como la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del atacante, los medios disponibles para defenderse y los bienes jurídicos que se busca proteger.
La norma precisa además que la racionalidad del medio empleado debe evaluarse desde la perspectiva de quien ejerce la defensa, y según las circunstancias existentes en el momento exacto de la agresión, no con criterios posteriores al hecho.
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Defensa desde la perspectiva del agredido
Con estas modificaciones, el Mininter busca que la legislación considere el contexto de presión y riesgo que enfrenta una persona en el instante del ataque, en lugar de un análisis retrospectivo que no contempla el estado de la víctima durante la agresión. La medida se da en un escenario de creciente inseguridad ciudadana en el país, donde el uso de armas de fuego legales para la defensa personal ha ganado relevancia como tema de debate público.
El Gobierno sostuvo que las modificaciones apuntan a reforzar las garantías legales de los ciudadanos que enfrentan una agresión y ejercen su derecho a defenderse, dentro de las condiciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente.
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