Luego de la visita de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador, el Ejecutivo busca coordinar con las instituciones del sistema penal para frenar la extorsión y el sicariato, ante el riesgo de que las bandas criminales extiendan su control sobre las actividades económicas del Perú.
En conversación con RPP, Álvarez indicó que el Gobierno puede apoyar a la región Tacna con acceso al agua mientras impulsa la repotenciación del penal de Chayapalca, sin afectar a la población cercana. “Tacna necesita agua. Es una región que ahora padece de sequía y no tiene posibilidades de tener el agua que requiere”, señaló al referirse al rechazo de las autoridades locales al traslado de internos o la instalación de cárceles en la zona.
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El ministro sostuvo que un megapenal podría construirse en Huacho, donde ya se identificó un terreno, con capacidad para 10.000 internos condenados por delitos graves, además de otros 14.000 reos primarios. “La idea es ir paso a paso. Esto es un proceso que va a demorar tiempo”, dijo al describir la dimensión del proyecto.
La ejecución dependerá de una vía administrativa más rápida que la prevista en los regímenes de contratación habituales. Álvarez afirmó que los trámites pueden tomar cinco años bajo el régimen regular y tres años en el abreviado.
“Obviamente, no tenemos tres años para hacer los trámites para construir un penal. Lo que tenemos que hacer es primero dividir lo que son los trámites, que posiblemente los técnicos ya están encontrando una vía mucho más expeditiva que nos demore seis meses. Y la construcción en sí aspiramos a que no demore más de un año”, indicó al medio radial
Capturas, condenas y nuevos regímenes penitenciarios
El plan, según Álvarez, el Gobierno tiene una primera fase centrada en ubicar, investigar y detener a delincuentes violentos y extorsionadores. La segunda comprende el destino penitenciario de los detenidos y el régimen que deberán cumplir.
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El ministro citó como referencia el proceso aplicado en El Salvador antes de la creación del Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT. Explicó que ese modelo incluyó el aumento de penas por tenencia ilegal de armas y la selección de jueces, fiscales y policías dedicados a combatir a las pandillas, la extorsión y los asesinatos por encargo.
Álvarez aseguró que el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía y el Ministerio de Justicia ya iniciaron una experiencia conjunta en Trujillo, con participación de la Defensoría Pública. El Gobierno proyecta replicar ese esquema en Lima, dentro de la corte del Cono Norte.
La infraestructura penitenciaria será construida con componentes prefabricados que se ensamblarían en el terreno elegido. El ministro indicó que los penales de menor seguridad estarían dirigidos a procesados o condenados por delitos sin violencia y tendrían menores requerimientos de seguridad.
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Álvarez cuestionó que las reformas penales previas se hayan limitado a elevar sanciones sin una revisión integral del sistema. “El Código Penal ahora podría llamarse un ‘Frankenstein’, porque ha sido tomado por sucesivas oleadas de legisladores que han ido elevando las penas, pero ya no tiene una coherencia entre sí”, afirmó.
El titular de Justicia señaló que el Ejecutivo aspira a elaborar en el mediano plazo un nuevo Código Penal y un nuevo Código Procesal Penal, con participación del Poder Judicial, el Ministerio Público y la academia. Mientras tanto, sostuvo que las autoridades deben aplicar las normas vigentes.
Seguridad pública y resocialización: el modelo para internos de menor peligrosidad
El ministro vinculó el proyecto de cárceles con un modelo de actividades productivas para internos de menor peligrosidad y con posibilidades de reinserción. Mencionó la granja Santana de El Salvador, que visitó junto a la delegación peruana y que cuenta con crianza de pollos y caballos, producción agrícola y fabricación de mobiliario escolar.
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Para los líderes y operadores de bandas criminales, Álvarez planteó un régimen penitenciario distinto al de los reos primarios. Para estos últimos, propuso centros que incorporen maquinaria y actividades laborales con el objetivo de elevar la capacidad productiva de las cárceles.
También rechazó una política penal que privilegie únicamente el encarcelamiento o, en sentido contrario, la resocialización sin considerar a las víctimas y a la sociedad. “El delincuente que entra por robo termina siendo sicario”, afirmó al defender un modelo que combine la separación de los criminales violentos del entorno social con mecanismos de reinserción.
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