La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) desarticuló “La Hermandad Fronteriza”, una red criminal que operaba desde adentro de la Superintendencia Nacional de Migraciones y que durante años convirtió al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en un canal de egreso encubierto para personas con requisitorias judiciales, menores sin autorización notarial y ciudadanos extranjeros con restricciones de salida. La organización estaba integrada por seis inspectores migratorios en actividad, cinco en situación de retiro y un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes cobraban sobornos en dólares a cambio de omitir controles y manipular las bases de datos del Estado.
El esquema delictivo funcionaba con precisión operativa. Los pasaportes de los viajeros eran fotografiados y enviados por WhatsApp junto con los comprobantes de depósitos bancarios, lo que confirmaba el pago antes de que el pasajero llegara al módulo de control. Una vez en el puesto, los inspectores implicados simulaban realizar la revisión sin registrar los datos reales en los sistemas oficiales, lo que dejaba a los involucrados fuera del radar institucional y les permitía abordar sus vuelos sin inconvenientes.
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Uno de los casos más documentados es el de Omar Castañeda, conocido como “Loco Omar”, sindicado por las autoridades como uno de los delincuentes más peligrosos del Callao e imputado en causas por homicidios por encargo. En noviembre de 2022, Castañeda abordó un vuelo con destino a España sin que su nombre activara ninguna alerta en el sistema migratorio peruano. El costo de esa impunidad fue de USD 500, distribuidos entre los inspectores Raúl Ponce y Jorge Díaz Sánchez, según establecieron las investigaciones judiciales.
El prófugo permaneció en libertad en territorio europeo hasta febrero de 2025, cuando fue detenido en la ciudad de Elche, al sureste de España. Actualmente afronta un proceso de extradición. Su caso se convirtió en la prueba más contundente del alcance de la red, que no solo operaba en el aeropuerto capitalino sino también en puestos fronterizos de Tumbes y Puno, lo que evidencia una estructura de alcance nacional.
Menores de edad, otro flanco que la red explotó para cobrar coimas
Las conversaciones telefónicas incautadas por el Ministerio Público revelaron que la banda también eludía la exigencia del permiso notarial de viaje para menores de edad, un requisito establecido por la normativa peruana para autorizar la salida de niños y adolescentes sin ambos progenitores. A las familias interesadas se les indicaba que se dirigieran a módulos específicos dentro del terminal aéreo, como las ventanillas preferenciales o la casilla 22, donde los inspectores asociados completaban el trámite de manera ficticia.
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El cobro por este servicio ilegal oscilaba entre USD 120 y USD 180 por pasajero, según los registros de giros bancarios identificados por los investigadores. La modalidad evidencia que la red no operaba de forma espontánea, sino con procedimientos estandarizados que permitían manejar un flujo constante de usuarios dispuestos a pagar por evadir controles migratorios.
Ciudadanos ecuatorianos usaron el Jorge Chávez como puente hacia Estados Unidos
El radio de acción de “La Hermandad Fronteriza” se extendía más allá de los nacionales peruanos. Las investigaciones de la Dirincri confirmaron que la organización facilitó el tránsito irregular de ciudadanos ecuatorianos que tenían prohibición de salida de su propio país. El circuito era preciso: ingresaban a Perú por pasos fronterizos y desde Lima tomaban vuelos hacia Estados Unidos, utilizando el Jorge Chávez como eslabón intermedio en una ruta de fuga internacional.
Esta modalidad pone de manifiesto que la red no actuaba únicamente como un servicio de conveniencia para delincuentes locales, sino que también articulaba conexiones con estructuras delictivas regionales. El hecho de que los controles en los puestos limítrofes de Tumbes y Puno también estuvieran comprometidos sugiere que la infiltración alcanzaba distintos niveles del sistema migratorio peruano.
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La misma operadora que ayudó a huir a Hinostroza aparece en esta trama
Entre los nombres que las autoridades pusieron bajo la lupa figura Yojani Rugel Sullón, extrabajadora de la Superintendencia Nacional de Migraciones identificada como una de las operadoras clave de la red. Su nombre no es nuevo para los investigadores: Rugel Sullón ya había sido investigada por su presunta participación en la fuga del exjuez César Hinostroza en 2018, uno de los casos de corrupción judicial de mayor impacto en el Perú de la última década.
La aparición de su nombre en esta nueva causa refuerza la hipótesis de que el esquema de corrupción en Migraciones no era una operación aislada ni de reciente formación, sino una estructura con historia, contactos y mecanismos que habían funcionado impunemente durante años antes de ser desarticulada.
Al menos 218 personas salieron del país por esta vía y la investigación continúa
Las autoridades confirmaron que al menos 218 personas lograron salir del territorio peruano de manera irregular bajo esta modalidad, aunque los investigadores advierten que la cifra podría ser mayor. Las diligencias continúan con el objetivo de identificar a otros servidores públicos que pudieran estar vinculados a la red, tanto dentro de la institución migratoria como en otras dependencias del Estado.
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Los investigados enfrentan cargos por tráfico ilícito de migrantes, falsedad genérica y vulneración de sistemas informáticos del Estado, delitos que en conjunto configuran una causa de alto impacto institucional. La operación de la Dirincri marca un precedente en la lucha contra la corrupción interna en organismos de control fronterizo y pone en cuestión los mecanismos de supervisión que el Estado peruano aplica sobre sus propios funcionarios.
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