Mucho más que anchoveta

Las cifras son elocuentes. En setiembre de 2026, las exportaciones peruanas de harina de pescado se desplomaron un 94.6% en volumen y un 88.7% en valor frente al mismo mes del año anterior, según información preliminar de la Sunat. No es una contracción menor para un país que representa alrededor del 20% de la producción mundial de este insumo. Y, con la cancelación de la segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona centro-norte, el panorama para los próximos meses se vuelve todavía más complejo.

La decisión del Ministerio de la Producción responde a condiciones biológicas y oceanográficas desfavorables, asociadas al calentamiento del mar y sus efectos sobre la disponibilidad de anchoveta. Preservar la sostenibilidad del recurso es indispensable. Sin embargo, reconocer la necesidad de esta medida no significa desconocer sus consecuencias económicas y sociales, que trascienden largamente a las empresas pesqueras.

Entre enero y agosto de este año, las exportaciones de harina de pescado sumaron US$ 1,025 millones, un 31% menos que en el mismo periodo de 2025. En volumen, la caída alcanzó el 51.3%. La contracción de setiembre, anterior a la cancelación de la temporada, confirma que la actividad ya enfrentaba un deterioro significativo.

El impacto tampoco se limita a nuestras fronteras. China es el principal comprador de harina de pescado peruana y concentró aproximadamente el 79% de nuestros envíos en 2025. Asimismo, el Perú abastece alrededor del 93% de las importaciones ecuatorianas de este producto y entre el 20% y 21% de las alemanas.

La menor disponibilidad peruana obligaría a algunos compradores a buscar proveedores alternativos, como Chile, Noruega, Dinamarca o Islandia. Pero estos países no necesariamente cuentan con excedentes suficientes para sustituir nuestra oferta en el corto plazo. Una contracción prolongada podría presionar los precios internacionales y modificar los patrones de abastecimiento, aunque ello no supone necesariamente una pérdida permanente de mercados.

Ahora bien, la dimensión comercial es apenas una parte del problema. La pesca industrial de anchoveta moviliza una cadena de actividades que comprende embarcaciones, plantas de procesamiento, transporte, mantenimiento, servicios portuarios y proveedores diversos. Cuando la actividad se interrumpe, sus efectos se transmiten a trabajadores, familias y economías locales.

Un informe actualizado de Apoyo Consultoría permite dimensionar estos riesgos. Bajo un escenario de fenómeno El Niño extraordinario, la captura de anchoveta en 2026 podría reducirse un 82% respecto de 2025. En ese contexto, el menor aporte económico total de la actividad pesquera y sus encadenamientos alcanzaría aproximadamente S/ 14,000 millones, acompañado de una reducción estimada de 81,000 puestos de trabajo.

Incluso en 2027, bajo los supuestos del estudio, la captura permanecería un 29% por debajo de los niveles de 2025 y el menor aporte económico alcanzaría unos S/ 7,000 millones. No son pérdidas ya materializadas ni resultados inevitables, sino estimaciones condicionadas a la intensidad y duración de las alteraciones climáticas. Pero permiten comprender la magnitud de lo que está en juego.

La discusión, por tanto, no debería plantearse como una elección entre proteger la anchoveta o proteger la economía. Ambas cosas son necesarias. La sostenibilidad del recurso es precisamente la condición para que la actividad pesquera pueda generar empleo, inversión y exportaciones en el tiempo.

Pero mientras el mar no permita retomar las operaciones, también corresponde actuar. Preservar la cadena de pagos y la capacidad productiva exige evaluar facilidades temporales de liquidez y financiamiento, evitando que empresas y proveedores viables desaparezcan por una interrupción extraordinaria. Igualmente importante es proteger a las familias cuyos ingresos dependen directamente de esta actividad, mediante mecanismos de apoyo oportunos, focalizados y sujetos a criterios verificables.

No se trata de trasladar indiscriminadamente las pérdidas privadas al Estado, sino de impedir que una crisis climática transitoria se convierta en una crisis económica y social permanente. Y allí estará uno de los mayores desafíos: identificar correctamente a los afectados, asignar eficientemente los recursos y asegurar que la ayuda llegue cuando realmente se necesita.