El Comando Unificado realizó un operativo simultáneo en 222 hostales y hoteles de 17 regiones para revisar la situación migratoria de huéspedes extranjeros y el cumplimiento de las normas de registro. La intervención reunió a personal de la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
Según un reporte televisivo, durante las primeras horas de la operación se detectaron hospedajes que no llevaban el registro obligatorio de sus huéspedes. En esos establecimientos, el personal de Migraciones intervino a ciudadanos extranjeros cuya documentación y condición migratoria quedaron bajo verificación.
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Migraciones informó que 164 hospedajes ya habían sido intervenidos
El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, informó que, hasta ese momento, se habían intervenido 164 hospedajes, con 50 presuntos infractores y 128 huéspedes sometidos a control. No precisó cuántos de ellos tenían una situación migratoria irregular ni las medidas adoptadas en cada caso.
El jefe de la Región Policial Lima Centro, general PNP Víctor Meza Farfán, indicó que la fiscalización alcanzaba alojamientos en distintas zonas del país. Las autoridades revisaron la identificación de los huéspedes y las condiciones en las que los establecimientos registran su ingreso.
El registro de huéspedes es obligatorio para los establecimientos de hospedaje
Yunis explicó que los administradores y propietarios deben conservar un registro de sus huéspedes, nacionales o extranjeros, en un soporte físico o digital. Además, deben comunicar esa información a la jefatura zonal de Migraciones correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente.
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El incumplimiento de esta obligación puede derivar en sanciones de hasta tres unidades impositivas tributarias (UIT) para los responsables de los hospedajes. Respecto de los extranjeros cuya permanencia sea determinada como irregular, las autoridades señalaron que el procedimiento aplicable puede incluir la expulsión del territorio nacional, conforme a la legislación migratoria.
La participación de la PNP y Sucamec incluyó acciones de control vinculadas a sus competencias. El operativo se desarrolló en el marco de las intervenciones del Comando Unificado, sin que el reporte televisivo detallara el número final de sanciones, detenciones o procesos de expulsión derivados de la jornada.
Los homicidios con armas de fuego concentraron el 73,3 % de los casos registrados
El operativo se produjo en un contexto de preocupación por la violencia criminal. Cifras preliminares del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) consignaban 517 homicidios entre el 28 de julio y el 27 de octubre, un período de 92 días. De ese total, 379 fueron cometidos con proyectil de arma de fuego, equivalente al 73,3 % de los casos.
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El mismo registro consignaba 57 muertes por arma de fuego clasificadas como “ignoradas”, con Lima y Callao entre los territorios que acumulaban más casos de esa categoría. En Chincha, el sistema registraba 30 homicidios en 2026 hasta el 27 de octubre; 29 de ellos fueron perpetrados con armas de fuego. Las pesquisas por la emboscada de la noche de jueves en Chiclayito, que dejó al menos a tres miembros de una familia fallecidos, continuaban en curso y, según el último reporte disponible, no se había informado de detenidos.
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