Imagina que una persona que no conoces ingresa a tu casa sin permiso y conecta a tu tomacorriente sus artefactos eléctricos de forma permanente. Poco después, empiezas a notar anomalías: las luces de tu casa parpadean, hay chispas en tus conexiones debido a la sobrecarga y, finalmente, al recibir el recibo de luz a fin de mes, el monto se ha duplicado. ¡Te están robando electricidad y malogrando la calidad de tu servicio!
La energía eléctrica es un motor indispensable para el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, este propósito enfrenta un enemigo silencioso y peligroso: las conexiones clandestinas. Se trata de una instalación ilegal e improvisada donde personas o empresas recurren a la utilización de cables en mal estado para engancharse de las redes de media o baja tensión, o bien rompen las veredas o fachadas para realizar conexiones indebidas.
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Los riesgos de esta práctica van mucho más allá de una simple infracción. Los cables expuestos y sobrecargados pueden provocar bajas de tensión, electrocuciones, cortocircuitos e incendios devastadores. Según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, siete de cada diez incendios tienen origen eléctrico. Detrás de estas cifras hay viviendas destruidas, pequeños negocios quebrados y vidas humanas en peligro. Realizar o solapar una conexión clandestina no es solo un delito penado por la ley; es una amenaza directa para la integridad de todo un vecindario.
Las conexiones ilegales sobrecargan las redes, provocando interrupciones imprevistas del servicio eléctrico que perjudican a comunidades enteras, afectando sobre todo a los usuarios que cumplen puntualmente con sus pagos. Combatir el hurto de energía no responde únicamente a una lógica comercial o de cumplimiento normativo: es, ante todo, una cuestión de seguridad pública, de no promover economías ilegales y de defensa de la calidad de vida.
Venimos ejecutando inspecciones constantes e incorporando tecnología de vanguardia. No obstante, la participación ciudadana es un pilar fundamental para erradicar la informalidad eléctrica. Reportar una conexión sospechosa a tiempo es un acto de responsabilidad que puede prevenir una tragedia y proteger a toda una comunidad. El impacto también golpea con fuerza la economía y la calidad del servicio eléctrico. La energía hurtada en Lima Norte equivale al consumo mensual de 190 mil familias, y las pérdidas técnicas y comerciales alcanzaron el 9,7 % en 2025. Cada punto porcentual de esta pérdida representa más de S/ 57 millones que podrían destinarse a modernizar y fortalecer la infraestructura eléctrica.
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La seguridad eléctrica debe colocarse al frente del debate público para frenar los accidentes e incendios derivados de las sobrecargas eléctricas. Es momento de poner este problema sobre la mesa y dejar de normalizar un delito que nos pone en riesgo a todos.
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