El Tribunal Constitucional ya tomó una decisión respecto a la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32419 que otorga amnistía a miembros de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo.
Así lo informó el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse en entrevista con Canal N. “Estamos por emitir pronto la sentencia sobre el caso de la amnistía de militares y policías, y ciertamente eso va a poder advertir también las posturas y las corrientes que siguen los magistrados del Tribunal Constitucional”, dijo.
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El tribuno precisó que falta que dos de sus colegas entreguen sus votos para que se proceda con la publicación del fallo, que podría invalidar la cuestionada norma del Congreso o no.
Los detractores de la Ley de amnistía sostienen que su alcance puede beneficiar a personas acusadas de desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves de derechos humanos.
El cuestionamiento principal es que una amnistía no puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad ni a violaciones graves de derechos humanos, según los tratados internacionales que Perú suscribió y la jurisprudencia del sistema interamericano. Naciones Unidas advirtió que la norma puede generar impunidad y afectar la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar esos delitos.
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También se objeta que la ley perjudica los derechos de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad, obtener justicia y acceder a reparaciones. La Defensoría del Pueblo, pese a que la apoyó en comisión, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC al considerar que la norma vulnera esos derechos y compromisos internacionales del Estado peruano.
Por su parte, los defensores de la ley, sobre todo figuras de la ultraderecha, expolicías y exmilitares, afirman que busca resolver procesos judiciales abiertos durante décadas y garantizar el derecho de los imputados a un plazo razonable.
Cabe precisar que el TC ya ha fallado a favor de una norma relacionada a este grupo: la Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad. Esta norma establecía que hechos anteriores al 2002 no podrían ser considerados de lesa humanidad, por lo que dejaban de ser imprescriptibles y prescribían en el plazo ordinario.
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El nuevo TC
Durante la entrevista al magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, el tribuno defendió el carácter político y consensuado de la elección de los miembros del TC, con miras a la renovación del máximo intérprete de la Constitución, previsto para mayo de 2027.
“Un magistrado del Tribunal Constitucional tiene que tener cualidades profesionales, pero también capacidad de consenso político. Eso es lo que finalmente marca la elección de un funcionario de este nivel”, apuntó.
Gutiérrez Ticse reiteró que sus votos no responde a los intereses de los partidos que lo eligieron. “Es como en los Estados Unidos, los jueces de la Corte Suprema le deben su elección al Senado y al presidente de la República”, comparó.
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El problema, yo diría más bien, es que en la praxis, realmente el magistrado del Tribunal Constitucional actúe con imparcialidad para poder resolver, pero no tampoco de una forma, digamos, sesgada para ningún lado, sino tiene que impartir justicia para todos. Finalmente, no hay un solo Tribunal Constitucional que no haya tenido consensos de las fuerzas políticas en el Parlamento.
Incluso, el magistrado se refirió a las polémicas declaraciones que hizo el senador de Fuerza Popular y extribuno Carlos Mesía, quien en una sesión de la Comisión de Constitución recordó que los actuales tribunos fueron elegidos con votos del fujimorismo y Perú Libre.
“Recuerdo hace poco Carlos Mesía en el Senado ha señalado que, por ejemplo, nosotros fuimos elegidos con el voto de Perú Libre y de Fuerza Popular. Bueno, pero también Carlos Mesía fue elegido con el voto del Partido Aprista y con el voto de Perú Posible en su momento”. sostuvo.
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