El éxito no está asegurado

Esta semana compartimos con una delegación empresarial chilena la transformación de la agricultura peruana. Entre 2000 y 2025, nuestras agroexportaciones pasaron de US$ 642 millones a US$ 14,529 millones: se multiplicaron más de 22 veces. Un resultado extraordinario que demuestra lo que podemos lograr cuando existen condiciones para invertir, producir y competir internacionalmente.

Esta transformación no fue casualidad. La apertura comercial, los 25 acuerdos comerciales vigentes, la inversión privada, la infraestructura hídrica, la sanidad agraria y un marco regulatorio favorable permitieron convertir extensiones desérticas en tierras productivas y posicionar productos como arándanos, uvas y paltas en los mercados internacionales.

Pero los TLC, por sí solos, no garantizan exportaciones. Se necesitan protocolos fitosanitarios, infraestructura, tecnología, logística eficiente y empresas capaces de cumplir las exigencias internacionales. En 2025, más de 2,790 empresas exportaron productos agrícolas a más de 140 destinos. Asimismo, el empleo formal agroexportador creció significativamente, generando oportunidades que trascienden el campo y alcanzan al procesamiento, transporte y otros servicios.

Sin embargo, estos resultados no deben ocultar los riesgos. Porque no solo está en juego cuánto más podemos crecer, sino cuánto de lo avanzado podríamos perder.

Persisten enormes brechas de informalidad, productividad, financiamiento y acceso a mercados. Buena parte de nuestros productores agrícolas permanece al margen de las cadenas globales de valor. Incorporarlos exige asistencia técnica, asociatividad, acceso al crédito y menores costos de formalización. No basta con que exporten más quienes ya lo hacen; necesitamos que muchos más puedan participar.

La infraestructura constituye otro desafío. Las demoras en la ejecución de proyectos como Majes Siguas II, Chavimochic III, Chinecas y Alto Piura postergan la ampliación de la frontera agrícola y nuevas oportunidades de inversión, empleo y exportación. A ello se suman las deficiencias de conectividad vial, los elevados costos logísticos y las limitaciones de almacenamiento y transporte, especialmente para productos perecibles.

Tampoco podemos permanecer al margen de la innovación. La moratoria a los transgénicos restringe herramientas biotecnológicas que podrían contribuir a elevar la productividad y enfrentar los desafíos climáticos, en un contexto de creciente presión sobre la disponibilidad de agua.

A estas limitaciones se suma un entorno internacional más desafiante. Los aranceles estadounidenses afectan productos emblemáticos de nuestra agroexportación. Según nos han trasladado empresas del sector, muchas vienen asumiendo prácticamente todo este sobrecosto para preservar su participación en las grandes cadenas de distribución, sin lograr trasladarlo a sus compradores. Sus márgenes se reducen y, con ellos, su capacidad de reinversión. Mientras desde el exterior se encarece competir, internamente seguimos postergando las mejoras que permitirían compensar esos mayores costos.

Existe, además, un riesgo de mediano plazo. En 2035 vencen los beneficios tributarios del régimen agrario. Desde 2036, las empresas comprendidas pasarán de pagar 15% a 29.5% de impuesto a la renta, mientras obligaciones laborales como el bono BETA permanecerán. Las inversiones agrícolas requieren horizontes largos, estabilidad y condiciones competitivas.

Cuando llegue el momento de discutir la continuidad del régimen, no bastará exhibir récords de exportación. Importará cuántas nuevas empresas, familias agrícolas y trabajadores lograron incorporarse a la formalidad y beneficiarse del comercio exterior. De lo contrario, crecerá el espacio para propuestas que, bajo el argumento de proteger a la agricultura nacional, terminen restringiendo el comercio o debilitando la seguridad jurídica.

La mejor defensa del régimen agrario no será proteger a quienes ya exportan, sino lograr que muchos más puedan hacerlo.