Durante décadas, la inflación fue uno de los terrenos favoritos para la intervención política. Cuando los precios subían y el salario alcanzaba para menos, aparecía una promesa irresistible: proteger al ciudadano frente al “precio injusto”. Controles, subsidios y productos básicos a precios administrados podían sonar atractivos, aunque demasiadas veces terminaran generando escasez, mercados negros y todavía mayores distorsiones.
Algo aprendimos. La autonomía de los bancos centrales y el compromiso con la estabilidad monetaria fueron probablemente dos de los avances institucionales más importantes de las últimas décadas. Hoy resulta mucho más difícil utilizar irresponsablemente la emisión monetaria para financiar gasto y luego pretender controlar sus consecuencias.
PUBLICIDAD
Pero la tentación de pelearse con los precios no desapareció. Simplemente encontró nuevos terrenos.
España ofrece hoy un ejemplo extraordinario. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda aumentó un 12.9% interanual al cierre de 2025. Por su parte, el Banco de España estima que, entre 2021 y 2025, se crearon unos 750,000 hogares más que viviendas terminadas; es decir, la formación de nuevos hogares superó ampliamente la construcción de nuevas viviendas.
La explicación económica parece sencilla. Mientras la población y el número de hogares crecieron con fuerza (en buena medida impulsados por la inmigración), la construcción no acompañó ese ritmo. A ello se suman la lenta habilitación de suelo para nuevas viviendas, las trabas regulatorias y las demoras en permisos y licencias. El resultado no debería sorprendernos: mucha más demanda frente a una oferta insuficiente significa precios más altos.
PUBLICIDAD
Sin embargo, buena parte de la discusión política ha comenzado a trasladarse hacia otro lugar. Se habla del “derecho a la vivienda”, de alquileres justos, de limitar actualizaciones, extender contratos o restringir las decisiones de los propietarios. En las calles, movimientos que reclaman soluciones a un problema muy real encuentran terreno fértil para cuestionar al “rentismo”, a los propietarios o, directamente, al capitalismo.
La frustración es comprensible. El diagnóstico económico, no necesariamente.
Una vivienda no deja de ser escasa porque declaremos que existe un derecho a ella. Tampoco aparecen departamentos porque consideremos injusto su precio. Peor aún, medidas destinadas a intervenir ese precio desincentivarían nueva oferta e incluso reducirían la existente, agravando el problema que pretenden solucionar.
PUBLICIDAD
El Estado tiene responsabilidades fundamentales: facilitar suelo, proveer infraestructura y servicios, reducir trabas innecesarias, garantizar seguridad jurídica, promover competencia y atender a quienes realmente necesitan asistencia. Pero declarar un “derecho a la vivienda” no construye una sola.
La inmigración, por supuesto, no es culpable de la crisis. Pero tampoco tiene sentido negar que un crecimiento acelerado de la población genera presión adicional sobre la vivienda y otros servicios cuando la oferta no puede ajustarse al mismo ritmo. Reconocerlo no es cuestionar al inmigrante; es entender que toda política pública tiene consecuencias y requiere planificación.
Los precios transmiten información. Si la vivienda se vuelve extraordinariamente cara, el mensaje no es necesariamente que alguien está cobrando demasiado. Puede estar diciéndonos algo bastante más sencillo: demasiadas personas están buscando muy pocas viviendas.
PUBLICIDAD
La solución sostenible no consiste en decidir cuál debería ser “el precio justo”, sino en preguntarnos por qué no estamos produciendo suficiente.
Un gobierno puede controlar un precio por decreto. Lo que ningún decreto puede hacer es eliminar la escasez.
PUBLICIDAD