Las Fuerzas Armadas incautaron más de mil explosivos, seis fusiles y 510 municiones durante una intervención en la provincia de Pataz, en La Libertad. El material fue entregado al Ministerio Público, que deberá investigar una presunta tenencia ilegal de armas y explosivos.
La operación, denominada “Camilo”, estuvo a cargo del Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), según informó el Ministerio de Defensa. El despliegue se realizó en una bocamina del anexo La Porfía, una zona vinculada a la actividad minera de la provincia.
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Entre el armamento hallado figuran seis fusiles de cañón largo y corto, dos pistolas y 15 cargadores. Las autoridades también decomisaron municiones de calibres 22, 5,56 y 9 milímetros, además de ocho fardos de cordón detonante y equipamiento táctico.
El Ministerio de Defensa indicó que el hallazgo formó parte de las acciones dirigidas a identificar armas, municiones y explosivos que carecerían de la autorización correspondiente. La institución señaló que mantendrá operaciones de control territorial en Pataz bajo el marco legal vigente.
En la intervención participaron agentes de la División de Operaciones Policiales Especiales (DIVOPUS), la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVITIAME) y la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de la Policía Nacional del Perú. También acudieron representantes de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).
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Las diligencias buscarán determinar el origen del arsenal, quiénes lo almacenaban y si estaba destinado a actividades vinculadas con organizaciones criminales que operan en la zona. Por el momento, el sector Defensa no informó sobre personas detenidas durante el operativo ni precisó la propiedad de la bocamina intervenida.
La provincia de Pataz ha concentrado operativos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras entidades estatales ante la presencia de actividades de minería informal e ilegal, así como hechos de violencia asociados a la disputa por el control de zonas auríferas.
Violencia en Pataz
Por otro lado, el último fin de semana, un informe de Cuarto Poder reveló que familiares de Jenss Lara Tantaquilla acumularon contratos públicos por más de S/11 millones vinculados a Pataz. La investigación, expuso vínculos empresariales y contrataciones estatales relacionados con el entorno familiar de Jenss Lara Tantaquilla, quien fue secuestrado el 30 de agosto en Trujillo. En el ataque también fue asesinado Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, integrante de su equipo de seguridad.
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Según el informe, Rojas Ramos de Rosas figuraba como representante legal del Consorcio Supervisor Allauca, que obtuvo una consultoría de obra pública valorizada en S/354 mil en Tayabamba. El caso abrió interrogantes sobre los procesos de contratación y los vínculos entre empresas familiares, minería y autoridades locales.
El rastreo de registros empresariales identificó contratos en municipios de la provincia. Entre ellos, Constructora Ohana S.A.C., vinculada a familiares de Lara Tantaquilla, obtuvo adjudicaciones por cerca de S/3,786 millones en Chillia, mientras que Tantaquilla Contratistas S.A.C. consiguió licitaciones por más de S/1,383 millones.
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