El general Óscar Arriola permanecerá al frente de la comandancia general de la Policía Nacional del Perú (PNP) hasta el 15 de septiembre, fecha en la que pasará a la situación de retiro. Así lo confirmó el ministro del Interior, César Astudillo, quien también precisó que el general Fredy López Mendoza asumirá el cargo de manera inmediata tras la salida de su antecesor.
“El 15 ya efectivamente el general Arriola pasa a la situación policial de retiro y el general Freddy López asume la comandancia general de la Policía Nacional. El día 16 es la ceremonia en Puente Piedra, en la Escuela de Oficiales y Suboficiales”, dijo Astudillo tras un operativo en Santa Anita.
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El relevo fue anunciado el domingo pasado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, en una conferencia realizada en Palacio de Gobierno junto a Astudillo, Arriola y López Mendoza. Galarreta remarcó el carácter institucional de la sucesión y explicó que la designación de López Mendoza responde al respeto de la línea de prelación dentro de la Policía Nacional.
Minutos antes, el propio general Óscar Arriola anunció su salida de la comandancia general de la PNP. “En los próximos días me relevaré en el cargo de comandante general de la Policía Nacional con el teniente general Fredy López Mendoza. Decisión que obedece a la motivación antes dispuesta, solamente tengo palabras de agradecimiento”, declaró.
El oficial agregó que “no me arrepiento de nada”, frase con la que resumió su gestión al mando de la institución, marcada por cuestionamientos sobre la eficacia frente al avance de la criminalidad en el país.
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Fuerzas Armadas en penales
Durante la misma jornada, Astudillo fue consultado sobre la declaratoria de estado de emergencia dispuesta en cinco penales del país. El funcionario precisó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mantiene el control interno de los establecimientos, mientras que las Fuerzas Armadas se encargan, de forma temporal, del control de acceso.
“Siendo una declaratoria de estado de emergencia, la policía necesariamente tiene que estar ahí”, señaló el ministro, quien recordó que un esquema similar se aplicó durante la pandemia de covid-19. Astudillo explicó que la intervención policial directa dentro de los penales solo se activaría en caso de un motín protagonizado por los internos que supere la capacidad de respuesta del INPE.
La declaratoria de emergencia, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, tiene una vigencia de 60 días y comprende los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad. La medida establece una zona de intervención de 200 metros alrededor de cada establecimiento, donde quedan suspendidos los derechos constitucionales vinculados con la libertad de tránsito, la reunión y la seguridad personal.
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Astudillo insistió en que, mientras no se agrave la situación al interior de los penales, el INPE conservará la administración y custodia de la población carcelaria, en tanto que las Fuerzas Armadas limitarán su participación exclusivamente al resguardo de los accesos externos, en coordinación con la Policía Nacional.
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