El Gobierno de Perú declaró en situación de emergencia la infraestructura educativa pública a nivel nacional mediante un decreto supremo publicado recientemente en el diario oficial El Peruano. La medida busca acelerar la reducción de brechas en el acceso, la calidad y el mantenimiento de los espacios educativos, así como fortalecer la gestión y la planificación en el sector.
La presidenta de la república, Keiko Sofia Fujimori, oficializó la medida a través del Decreto Supremo Nº 013-2026-MINEDU, refrendado por el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.
La decisión se fundamenta en la necesidad de “reducir de manera acelerada las brechas de infraestructura educativa, fortalecer la planificación y gestión correspondiente y asegurar el mantenimiento y la sostenibilidad de las inversiones”, según se indica en el documento legal.
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El decreto sostiene que el Estado peruano tiene la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas para una educación integral y de calidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 16 de la Constitución Política del Perú y en la Ley General de Educación (Ley Nº 28044).
El texto señala que la infraestructura, el equipamiento y los servicios educativos deben responder a las exigencias técnico-pedagógicas y ser accesibles para las personas con discapacidad.
Fundamentos y diagnóstico
El Ministerio de Educación (Minedu) justifica la decisión en informes técnicos que advierten sobre “la existencia de una significativa brecha de infraestructura educativa, así como sobre las deficiencias estructurales de gobernanza que dificultan su cierre”.
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Entre los documentos citados se encuentran el Informe Nº 00929-2026-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DIPLAN, que alerta sobre deficiencias en la planificación de inversiones, y el Informe Nº 000037-2026-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM, que detalla el estado actual y las necesidades de mantenimiento de los espacios educativos públicos.
La Ficha Ejecutiva de Transferencia Ministerial del sector Educación, elaborada con motivo del cambio de gestión, también confirma la gravedad del problema y la urgencia de adoptar acciones específicas. El diagnóstico identifica deficiencias estructurales que requieren una solución integral para mejorar la eficiencia y eficacia de las intervenciones y proyectos de infraestructura.
Objetivos de la emergencia
El decreto establece que la declaratoria de emergencia tiene como objetivo “reducir las brechas mediante la ampliación y construcción de nuevos espacios educativos, fortalecer su planificación y gestión, asegurar su mantenimiento y sostenibilidad, y adoptar las acciones administrativas necesarias durante el proceso de reforma normativa”.
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Para lograr estos fines, el Ministerio de Educación recibe el encargo de elaborar las normas necesarias para dar inicio al proceso de mejora de la infraestructura educativa nacional. Además, deberá formular una propuesta de sistema funcional de infraestructura educativa de alcance nacional y definir la creación de un ente rector adscrito al ministerio.
La normativa dispone que el MINEDU tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para cumplir con estas tareas, contados desde la fecha de publicación del decreto supremo.
Financiamiento y publicación oficial
La implementación de las medidas establecidas en el decreto se financiará con recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Educación, sin demandar fondos adicionales al Tesoro Público.
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El texto subraya la necesidad de diferenciar claramente las funciones de rectoría, planificación y formulación de política pública, que corresponden al MINEDU, de las tareas de ejecución, supervisión técnica y fiscalización, en línea con el principio de especialización administrativa.
El decreto supremo fue publicado en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano y en el Sistema de Información Jurídica de Educación (SIJE), además de su aparición en el Diario Oficial El Peruano.
Próximos pasos en la reforma educativa
La normativa otorga al Ministerio de Educación la responsabilidad de liderar la elaboración de la nueva arquitectura normativa y administrativa para la infraestructura educativa pública. El proceso deberá contemplar la planificación, ejecución, supervisión y fiscalización de las intervenciones, conforme a las competencias exclusivas del sector.
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“Se encarga al Ministerio de Educación la elaboración de las normas necesarias para dar inicio al proceso de mejora de la infraestructura educativa nacional”, señala el decreto. El documento también establece que el nuevo sistema funcional tendrá alcance nacional y contará con un ente rector adscrito al ministerio.
La declaratoria de emergencia representa un paso formal en el proceso de reforma de la infraestructura educativa, con miras a garantizar condiciones adecuadas y sostenibles para el desarrollo de la educación pública en Perú.
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