El asesinato de Américo Pascuala Tomisha, líder indígena ashéninka y exjefe de la Comunidad Nativa Onconashari, ocurrió el domingo 23 de agosto en el distrito de Yurúa, región Ucayali. El dirigente realizaba labores de vigilancia dentro del territorio comunal cuando detectó la presencia de terceros.
De acuerdo con información difundida por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), Pascuala Tomisha encontró a personas que presuntamente extraían aceite de copaiba dentro de la comunidad. El encuentro derivó en un ataque con arma de fuego que causó su muerte.
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El caso generó una nueva exigencia de las organizaciones indígenas amazónicas para que las autoridades investiguen el crimen y determinen a los responsables. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) expresó sus condolencias a la familia del dirigente, a la Comunidad Nativa Onconashari y al pueblo ashéninka.
La CNDDHH señaló que el caso se produjo dentro de un escenario previo de denuncias por ingreso no autorizado de terceros al territorio comunal. La organización indicó que existen reportes desde al menos 2020 sobre extracción de copaiba y amenazas contra comuneros, situaciones que fueron comunicadas al Ministerio de Cultura y a la Policía Nacional.
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Ataque durante la vigilancia del territorio comunal
Según ORAU, Américo Pascuala Tomisha realizaba un recorrido de monitoreo y vigilancia territorial el 23 de agosto cuando detectó la presencia de terceros dentro de Onconashari. La información proporcionada por la organización señala que estas personas presuntamente extraían aceite de copaiba.
El dirigente recibió impactos de arma de fuego durante el enfrentamiento ocurrido tras el encuentro. Los disparos provocaron su muerte en el territorio de la comunidad.
AIDESEP identificó a Pascuala Tomisha como defensor del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas. La organización también indicó que el dirigente ya había reportado con anterioridad la presencia de colonos y terceros dentro de la comunidad.
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La CNDDHH precisó que Pascuala Tomisha tenía 57 años y ejerció como jefe de la Comunidad Nativa Onconashari. Su actividad de vigilancia estaba vinculada con la protección del territorio comunal y los bosques.
Denuncias previas por ingreso de terceros
La información difundida por la CNDDHH señala que las alertas sobre el ingreso no autorizado de terceros a Onconashari no corresponden únicamente a los días previos al crimen. Existen reportes desde 2020 relacionados con la extracción de copaiba dentro del territorio comunal.
Las organizaciones indígenas también reportaron amenazas contra comuneros. Estos antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio de Cultura y de la Policía Nacional, según la información proporcionada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
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ORAU indicó que el propio Américo Pascuala había denunciado previamente la presencia de personas ajenas dentro del territorio de la comunidad. La organización vinculó esas denuncias con la situación de riesgo que enfrentaba el dirigente antes de su muerte.
Organizaciones indígenas exigen investigación
La CNDDHH solicitó al Ministerio Público y a la Policía Nacional una investigación inmediata y diligente sobre el asesinato. El pedido incluye un enfoque intercultural y considera la labor de Pascuala Tomisha como defensor indígena del territorio y de los bosques.
La organización también pidió que las pesquisas permitan establecer las responsabilidades materiales e intelectuales vinculadas con el crimen. A su vez, solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una evaluación urgente sobre el nivel de riesgo que enfrentan las autoridades y las personas defensoras de Onconashari.
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AIDESEP se sumó al pedido de ORAU para una investigación efectiva que permita identificar y sancionar a los responsables. La organización difundió además un pronunciamiento de rechazo por el asesinato del dirigente ashéninka y demandó medidas de protección para las personas defensoras de los territorios indígenas.
Pedido de protección para defensores amazónicos
Durante un pronunciamiento público, representantes del movimiento indígena amazónico expresaron su rechazo al asesinato y solicitaron acciones de las autoridades nacionales y organismos vinculados con la defensa de los derechos humanos.
La senadora Ruth Luque Ibarra también pidió una investigación sobre el crimen y acciones estatales frente a la inseguridad que afecta a los territorios indígenas y a sus dirigentes. Su pronunciamiento se sumó a las demandas formuladas por las organizaciones amazónicas tras la muerte de Pascuala Tomisha.
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Según la información difundida por las organizaciones indígenas, el caso se incorpora a una lista de asesinatos de defensores ambientales y territoriales registrados en el país. El reporte citado en la información proporcionada señala que Perú registra más de 60 defensores ambientales asesinados desde 2012.
La CNDDHH pidió además medidas específicas de protección para las autoridades y personas defensoras de la Comunidad Nativa Onconashari, mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional reciben el pedido de esclarecer las circunstancias del asesinato ocurrido en Yurúa.
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