El riesgo de deserción de más de 881 mil estudiantes de educación superior por motivos económicos plantea un reto urgente para el Perú, según el reciente estudio “Invertir en el talento” elaborado por el Centro para el Análisis de Políticas Públicas en Educación Superior (CAPPES).
La investigación, presentada en agosto de 2026, destaca la necesidad de fortalecer los mecanismos de financiamiento para sostener la permanencia universitaria y técnica, un desafío que afecta tanto al desarrollo del talento nacional como a la competitividad del país.
Propuesta de un nuevo sistema de créditos educativos
Actualmente, el acceso a la educación superior en Perú se encuentra restringido para miles de jóvenes por barreras económicas. El estudio de CAPPES propone la creación del Consejo de Créditos Educativos del Perú, un organismo técnico y autónomo que diseñaría y supervisaría un sistema de créditos educativos accesibles, complementando las becas ya existentes.
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Según explicó Karina Morales, gerente general de la institución y coautora del informe, el Consejo tendría la función de “establecer reglas claras, impulsar un otorgamiento responsable de los créditos y alinear los incentivos entre el Estado, las instituciones educativas y los estudiantes”.
La propuesta toma como referencia sistemas implementados en Chile, Colombia, Costa Rica y Brasil, donde la combinación de becas y créditos educativos ha permitido ampliar la cobertura y la culminación de estudios superiores.
Se sugieren mecanismos como pagos escalonados y garantías compartidas, así como dos modelos diseñados para el país: uno enfocado en evitar la deserción y otro para financiar carreras completas.
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Limitaciones del crédito educativo estatal en la actualidad
El sistema público de créditos educativos en Perú presenta una cobertura muy limitada. Hasta 2025 solo 780 estudiantes se beneficiaban activamente de estos créditos, con cerca de 4.000 préstamos otorgados entre 2012 y 2026. Esta cifra contrasta con la demanda potencial, que supera los 881 mil jóvenes en riesgo de abandonar sus estudios por falta de recursos.
Un sistema de financiamiento más inclusivo y sostenible permitiría que jóvenes con talento y aspiraciones académicas accedan y permanezcan en la educación superior, evitando que queden excluidos por motivos económicos.
Sin embargo, el estudio advierte que el impacto de esta reforma dependerá de la calidad de las instituciones educativas y de los programas financiados, así como de la capacidad del sistema para enfrentar la informalidad laboral, un factor que afecta el repago de los créditos y la sostenibilidad del modelo.
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Brecha de acceso frente a países vecinos
Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), solo el 37,8% de los jóvenes peruanos accede a la educación superior inmediatamente después de finalizar la secundaria.
Esta proporción resulta inferior a la observada en Colombia (45,9%) y Chile (50,5%). Para igualar el nivel chileno, Perú debería incorporar aproximadamente 36.000 estudiantes adicionales cada año.
La brecha evidencia la urgencia de reformas estructurales en el financiamiento educativo. Morales sostiene que “cerrar la brecha únicamente con becas no es viable”, y que un sistema de créditos bien diseñado y regulado podría beneficiar a un número considerablemente mayor de jóvenes.
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Presentación y debate de la propuesta
El informe fue presentado en el evento “Invertir en el talento: Becas y créditos para ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior”, organizado por CAPPES en Lima.
La reunión convocó a representantes de universidades privadas y expertos internacionales, quienes analizaron la situación de acceso en el país y revisaron experiencias exitosas de la región.
Entre las rutas planteadas figura el desarrollo de alianzas entre el Estado, instituciones educativas, fintechs y entidades financieras, con el objetivo de ampliar la oferta de créditos para la permanencia y finalización de estudios.
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Algunos especialistas consideran que, para lograr resultados sostenibles, la reforma debe acompañarse de mejoras en la calidad educativa y de políticas que mitiguen la informalidad laboral, ampliando la capacidad de repago y fomentando así la viabilidad del sistema.
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