Entre lo popular y lo necesario

El primer mensaje presidencial de Fujimori refleja una tensión que probablemente marcará la política laboral de los próximos años. Las medidas anunciadas para fortalecer la empleabilidad de los jóvenes y mejorar el entorno para las empresas apuntan en la dirección correcta. Sin embargo, al presentar las propuestas para reactivar “los grandes motores que generan ingresos para las familias: el trabajo, la inversión y la empresa”, el aumento del salario mínimo volvió a tomar protagonismo, como suele ocurrir en los periodos electorales.

Reducir la informalidad es probablemente el mayor desafío laboral del país, pero también uno de los más difíciles políticamente, porque exige revisar normas e incentivos que ningún gobierno ha querido reformar en la última década. Si bien el mensaje presidencial pareció reconocer ese reto, dejó entrever la dificultad de enfrentarlo: mientras las medidas más populares fueron anunciadas con detalle, las verdaderas reformas laborales quedaron resumidas en la promesa de presentar “políticas integrales” más adelante. Es fácil anunciar aquello que genera aplausos inmediatos. Lo difícil es impulsar cambios que enfrentan resistencias, pero que son los que realmente transformarán el mercado laboral. El resultado ha sido un discurso políticamente cómodo, pero que deja abierta la principal interrogante: cuando llegue el momento de impulsar los cambios de fondo, ¿prevalecerán las reformas necesarias o las políticamente más rentables?

Decir que se subirá el salario mínimo “para mejorar los ingresos de los trabajadores” es como creer que la pobreza se reduce escribiéndolo en una ley. Menos del 2% de todos los trabajadores del país se verían beneficiados directamente por el aumento anunciado. Mientras un grupo muy reducido de trabajadores formales recibirá un mayor ingreso, siete de cada diez trabajadores —quienes permanecen en la informalidad— encontrarán una barrera aún más alta para acceder a un empleo formal, y las microempresas enfrentarán mayores costos que limitarán su formalización y crecimiento.

Aumentar el sueldo mínimo, ni siquiera con un “bono compensatorio” para Mypes, resolverá los verdaderos problemas del mercado laboral. Estos siguen siendo los mismos que ningún presidente quiso abordar en la última década: una regulación excesivamente compleja y costosa para las empresas, regímenes que premian el enanismo empresarial en lugar de incentivar el crecimiento, una Sunafil que sanciona con frecuencia antes de promover la formalización y costos laborales que siguen haciendo muy costoso contratar formalmente.

Pero si hay un tema donde este nuevo gobierno sí parece haber puesto el foco correcto, es el empleo juvenil. Mientras el debate vuelve a concentrarse en el salario mínimo, más de 300 mil jóvenes aún no recuperan los empleos perdidos desde la pandemia. Incluso quienes cuentan con educación superior enfrentan mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral: la recuperación del empleo calificado recién comenzó este año, pese a que el número de estudiantes universitarios ha aumentado de forma importante. Como resultado, hoy más de la mitad de los jóvenes universitarios trabaja en una ocupación que no requiere estudios superiores. El problema no es solo conseguir un empleo, sino acceder a una primera experiencia laboral de calidad que permita desarrollar habilidades y construir una trayectoria profesional.

En ese contexto, resulta positivo el anuncio de que se priorizarán medidas para fortalecer las capacidades laborales de los jóvenes, para las cuales también se buscarían facultades legislativas. La oferta educativa sigue desalineada de las necesidades de las empresas y la formación técnico-productiva continúa siendo una alternativa poco desarrollada en el Perú. En esa línea, el IPE trabajó en conjunto con otras organizaciones un paquete de propuestas de política para fortalecer la capacitación de los jóvenes, facilitar la transición entre la educación y el empleo, y mejorar la información disponible sobre el mercado laboral. Es alentador que varias de estas iniciativas formen parte de la propuesta de facultades legislativas que viene elaborando el Ejecutivo, pues apuntan a uno de los principales cuellos de botella del mercado laboral.

Sin embargo, estas reformas tampoco estarán libres de resistencia. La experiencia demuestra que cualquier cambio en materia laboral suele generar desconfianza y quedar atrapado entre discursos. Pero no se debe perder de vista el objetivo: ofrecer más y mejores oportunidades a quienes hoy no logran acceder a un primer empleo de calidad. Si el objetivo es elevar los ingresos de manera sostenible, el debate debería concentrarse más en medidas que permitan que muchos más jóvenes encuentren un empleo de calidad y menos en aquellas que benefician a unos pocos.