Pesca industrial en estado de emergencia

Este 28 de julio, Keiko Fujimori juramentará como presidente Constitucional de la República por los próximos cinco años con el desafío de emprender un gobierno que atienda las necesidades de todos los peruanos; y, según el lema de su campaña, recuperar el orden tan necesario para vivir en paz y unidad.

Para el sector pesquero, la prioridad más urgente del nuevo gobierno es adoptar medidas para mitigar el impacto del Fenómeno El Niño, que cada vez es más frecuente y su impacto es muy grave en lo económico y lo social.

El Fenómeno El Niño ya golpea al sector pesquero industrial que tiene suspendida su primera temporada de pesca de anchoveta en la zona centro norte y está en riesgo la segunda. Por ello es fundamental que IMARPE y PRODUCE implementen un plan de monitoreo y evaluación permanente para tomar decisiones ágiles y adaptadas a la variabilidad ambiental, que permitan encontrar espacios de pesca para capturas temporales si las condiciones lo permiten.

Cuando la pesca industrial se paraliza, como ahora, se frena toda una cadena productiva: tripulantes, pescadores, proveedores (astilleros, mantenimiento, limpieza, alimentación, transporte) y negocios portuarios, poniendo en riesgo empleos e ingresos de miles de familias, debilitando la economía de regiones costeras.

Otra medida urgente es reactivar la pesca de anchoveta en el sur. Durante la vigencia del régimen especial de pesca, los desembarques de anchoveta en esta zona triplicaban a los actuales; y, desde su derogación, se cerraron 10 plantas de harina y aceite de pescado perdiendo miles de empleos.

“Estamos desaprovechando un recurso disponible en nuestro mar, así como oportunidades de empleo, inversión y generación de divisas.”

Urge impulsar la pesquería del atún. Más del 70% de sus capturas se dan en el Pacífico, frente a Perú y pese a nuestra ubicación privilegiada, ocupamos el puesto 44 en el ranking mundial de capturas con apenas 4 mil toneladas al año; mientras Ecuador ocupa el puesto 5 con más de 400 mil toneladas de atún al año.

Una medida que puede cambiar esta situación es modificando el impuesto selectivo al consumo al combustible, que representa entre el 45% y el 70% de los costos variables de una embarcación para la pesca de atún en nuestro país. Ello permitirá diversificar nuestra producción, generar empleo y aprovechar un recurso abundante en nuestro mar.

Asimismo, resulta indispensable completar el marco regulatorio para que el país pueda aprovechar plenamente los derechos de capacidad de acarreo que le corresponden en el marco de la Convención de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). Si bien nuestra legislación ya permite el fletamento de embarcaciones, aún no incorpora el mecanismo de préstamo de capacidad de acarreo, previsto en la propia Convención y utilizado por los demás países miembros. Su implementación permitiría que el Perú compita en igualdad de condiciones con sus principales competidores regionales, atraiga nuevas inversiones y aproveche de manera más eficiente los derechos internacionales que ya posee, fortaleciendo el desarrollo de una industria atunera moderna, competitiva y plenamente alineada con sus compromisos internacionales.

Finalmente, firmeza en la lucha contra la pesca ilegal. Una tarea importante para el próximo gobierno es corregir el deficiente control y fiscalización por parte del Estado, insuficiente para controlar lo que ocurre con la pesca ilegal. Ello estaría fomentando la producción de harina ilegal y/o residual, sin lograr una producción efectiva de productos de consumo humano para la población ni un aprovechamiento integral del recurso para los fines para el que es capturado.