“Hay un poder más grande que el del dinero; el político.” La frase la dice el periodista Julián Contreras —interpretado por Renzo Schuller— en la película Utopía. La pronunció en 2018, en una pantalla de cine. Pero bien pudo haberla dicho cualquiera de los padres que llevan 24 años buscando justicia por sus hijos, los 29 jóvenes que salieron a bailar la noche del 19 de julio de 2002 y no regresaron con vida.
Este lunes 20 de julio se cumplen 24 años de uno de los incendios más letales en la historia del entretenimiento nocturno en el Perú. Una tragedia que no fue un accidente: fue el resultado de una cadena de negligencias, omisiones y decisiones que pusieron el negocio por encima de la vida.
La noche de la ‘Fiesta Zoo’
La discoteca Utopía había abierto sus puertas apenas dos meses antes, el 4 de mayo de 2002, en el primer nivel del centro comercial Jockey Plaza Shopping Center, en el distrito de Santiago de Surco. El local medía 870 metros cuadrados y no tenía licencia de funcionamiento otorgada por la Municipalidad de Surco, porque no cumplía con las normas mínimas de Defensa Civil. Aun así, operaba.
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Para el 19 de julio, sus socios —Édgar Paz Ravines y Alan Azizollahoff Gate— organizaron la Fiesta Zoo, una celebración por el lanzamiento de una fragancia de la marca Hugo Boss. El administrador Percy North contrató al circo mexicano Los Hermanos Fuentes Gasca para que llevara animales al interior del salón: un tigre de Bengala, un león, un chimpancé y un caballo. La idea era darle ambiente al espectáculo. También contrataron a Roberto Ferreyros como barman y animador de fuego.
La administración distribuyó más de tres mil invitaciones dobles. La noche coincidía, además, con el concierto de Los Prisioneros en el Jockey Club, lo que multiplicó la afluencia de público en toda la zona. Cuando el reloj se acercaba a las dos de la madrugada del sábado 20 de julio, más de mil personas bailaban dentro de Utopía. La capacidad del local no superaba los 400 asistentes.
El fuego que nadie vio venir, y que todos debieron prever
A las dos de la madrugada, junto a la cabina de los disc jockeys, comenzó el espectáculo. Frente a la pista de baile se habían colocado latas con bencina para formar un rectángulo que sugiriera un escenario. Dos grandes jaulas —una para el tigre, otra para el león— flanqueaban el espacio. El chimpancé y el caballo estaban sueltos.
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Ferreyros se acercó con su antorcha encendida para prender las latas. En un momento, levantó demasiado la llama y alcanzó uno de los aleros del falso techo de madera. En cuestión de segundos, la cabina ardió. Algunos testigos relataron que Ferreyros había puesto previamente gotas de bencina en los ceniceros y los iba encendiendo; que ingresó a la cabina con un rociador, lanzó gas al aire y lo prendió con un encendedor. El resultado fue el mismo: el fuego tocó el techo y se propagó por todo el local.
Los jóvenes más cercanos al fuego intentaron apagarlo. Le arrojaron cerveza y licores. Las llamas crecieron.
El personal del centro comercial desconectó el suministro eléctrico. Se cortó la música. Se apagaron las luces. En la oscuridad, los gritos de los animales —aterrorizados por el fuego— sembraron el pánico entre los más de mil asistentes que, en ese momento, todavía no comprendían del todo lo que ocurría. Algunos pensaron que era parte del show. Aplaudieron. Pensaron que eran fuegos artificiales.
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Duraron segundos en entender que no.
“¡Nos ahogamos!”
Lo que siguió fue el caos. En menos de cinco minutos las llamas cubrieron el local. La única puerta de salida señalizada concentró a más de mil personas que pugnaban por escapar al mismo tiempo. No había salidas de emergencia habilitadas. No había extintores. No había alarmas. No había aspersores de agua. No había zonas de evacuación señalizadas.
“¡Nos ahogamos!”, gritaban los jóvenes.
Los gases tóxicos que se emitieron al quemarse el material plástico con que estaban revestidas las columnas del local mataron a 29 personas. Otros quedaron heridos —57 en total— durante la estampida o al intentar escapar. Los animales también perecieron asfixiados.
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Más de 400 bomberos y policías llegaron al Jockey Plaza. Se encontraron con un cuadro que los testigos describieron como devastador: gente saliendo desesperada por las escaleras, cuerpos en el suelo, jóvenes en estado de shock, humo que inundaba todos los niveles. Las víctimas tenían entre 20 y 30 años. Habían salido esa noche con un beso o un abrazo a sus familias. No regresaron.
Un desastre anunciado
El entonces alcalde de Santiago de Surco, Carlos Dargent, no dudó en señalar responsables desde el primer momento: “Este es un desastre anunciado”. Dargent responsabilizó a los dueños de la discoteca —que carecía de licencia municipal de construcción y de funcionamiento— y a los concesionarios del Jockey Plaza, quienes permitieron que el local operara sin reunir las condiciones mínimas de seguridad. El municipio, según relató el propio alcalde, había solicitado la clausura de Utopía, pero una orden judicial dejó que siguiera funcionando. También envió oficios que obligaban a instalar medidas de seguridad. Los empresarios no hicieron caso.
El entonces alcalde de Lima, Alberto Andrade, propuso cerrar todas las discotecas y centros de esparcimiento masivo durante 60 días para que bomberos, Defensa Civil y las municipalidades verificaran qué locales cumplían los estándares de seguridad. El entonces presidente Alejandro Toledo expresó su consternación y prometió que las autoridades sancionarían “con mano dura y firme y con todo el peso de la ley a los irresponsables que manejan esos establecimientos incumpliendo la ley”.
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En agosto de 2002, el Congreso de la República aprobó la conformación de una comisión investigadora presidida por Jorge Mufarech. El informe final se presentó en enero de 2004.
Condenas, fugas y prescripciones: la justicia a cuentagotas
El proceso judicial que siguió a la tragedia duró más de 15 años y estuvo marcado por sentencias que cambiaron de figura, beneficios penitenciarios, apelaciones y fugas al exterior.
Roberto Ferreyros, el barman que realizó el espectáculo con fuego, fue el primero en ser condenado: cuatro años de prisión en 2004. Cumplió 15 meses y salió en libertad a mediados de 2005, tras acogerse a beneficios penitenciarios.
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Percy North, el administrador del local, fue sentenciado en 2004 por homicidio culposo a cuatro años. Los deudos apelaron y, en 2006, el juez Miguel Bazán cambió la tipificación a homicidio doloso y lo condenó a 15 años. North apeló, logró reducir la pena a 10 años, y en 2011 —tras un período en la clandestinidad— se entregó a la justicia para cumplir la condena. El 8 de julio de 2015 salió en libertad, después de haber pasado siete años efectivos en el penal Castro Castro.
El caso de Édgar Paz Ravines y Alan Azizollahoff Gate fue distinto. Ambos abandonaron el Perú en 2004. En 2007 lograron que se admitiera un hábeas corpus para liberarse del proceso penal. En 2013, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema reabrió el caso y los incluyó nuevamente en el proceso. El 8 de abril de 2014, el 21.° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima los condenó a cuatro años de prisión efectiva y al pago de S/ 70.000 en forma solidaria a los deudos de los 29 jóvenes fallecidos, por el delito de homicidio culposo en la modalidad de omisión impropia. Para entonces, ambos ya habían vuelto a fugarse.
El Ministerio del Interior los incluyó en la lista de los más buscados, con una recompensa de S/ 20.000 —equivalentes a USD 5.100— por cada uno.
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Dieciséis años prófugo, capturado por una película
El 12 de noviembre de 2018, Interpol capturó a Paz Ravines en México después de 16 años como prófugo. Durante ese tiempo, el empresario había caminado libre por distintas partes del mundo. Llegó a publicar un libro de ficción titulado Mr. Gaming, descrito en Amazon como la historia de “un grupo empresarial que se dedica al mundo de los juegos de azar”.
Gino Tassara, codirector de la película Utopía —estrenada en setiembre de 2018 y disponible en Netflix—, cree que la cinta tuvo un papel directo en esa captura. “Gracias a la película las autoridades empezaron a mover el caso otra vez; volvieron a poner a Édgar Paz Ravines entre los más buscados, se le capturó y se le extraditó desde México”, afirmó Tassara, quien llegó al proyecto a través de Luis Delgado Aparicio, el exparlamentario y locutor radial conocido como ‘Saravá’. “Surgió una química y conversamos sobre la pérdida de los seres queridos porque yo perdí a mi hermana el mismo año y tocamos el tema de Utopía”, contó Tassara.
El proceso de extradición de Paz Ravines desde México se extendió más de lo previsto: su defensa interpuso un juicio de amparo para frenarlo. El 13 de febrero de 2020, el Poder Judicial de México aprobó finalmente la extradición. El 5 de setiembre de 2020, a través de un vuelo humanitario, Paz Ravines fue trasladado al Perú para cumplir su condena de cuatro años de prisión efectiva. El 7 de setiembre quedó a disposición del Juzgado Penal Liquidador del NCPP de la Corte Superior de Justicia de Lima.
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El 27 de febrero de 2020, el Ministerio de Justicia de Sudáfrica aceptó la solicitud de extradición de Azizollahoff Gate, quien llevaba 18 años prófugo de la justicia peruana. Parecía que, por fin, ambos responsables responderían ante la ley.
No fue así.
La pena que prescribió
La pena de Alan Azizollahoff Gate prescribió el 11 de mayo de 2021. No será procesado ni encarcelado. Su paradero es desconocido. Las familias de los 29 jóvenes que murieron en Utopía siguen esperando que se entregue a la justicia. Tassara también: “El periodista espera que, en algún momento, Alan Azizollahoff Gate se entregue a la justicia y pague por lo que hizo en Utopía”.
24 años, heridas abiertas
La tragedia de la discoteca Utopía no fue un hecho aislado en la historia de la vida nocturna latinoamericana. La discoteca Thomas Restobar, en Los Olivos, fue escenario en agosto de 2020 de otra tragedia: 13 muertos durante una intervención policial a una fiesta clandestina en plena cuarentena por la pandemia de COVID-19. En Chiclayo, en marzo de 2025, la activación de un dispositivo de gas pimienta dentro de la discoteca Aventura desató el pánico y dejó decenas de intoxicados. En Lurín, el 29 de abril de ese mismo año, el colapso de uno de los boxes durante un concierto masivo organizado por la productora Qarola dejó múltiples heridos en un evento que superó con creces el aforo y careció de personal de seguridad suficiente.
Veintinueve jóvenes de entre 20 y 30 años se despidieron esa noche de sus familias. Algunos con un beso. Otros con un abrazo. Ninguno volvió.