Un geoglifo de más de 1.000 años de antigüedad conocido por su forma de triple espiral fue reportado como destruido totalmente por presuntos traficantes de terreno que operan en el distrito de Laredo, región La Libertad, pese a estar dentro de una zona arqueológica protegida, pero que se encuentra amenazada por invasiones a pocos metros del lugar.
La figura vulnerada, que medía 22 metros de largo y seis metros de ancho, tenía posibles vínculos con rituales del agua y, según RPP, era comparada por expertos con los geoglifos de las líneas de Nazca a raíz de su natutaleza.
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El ataque no se trataría de un hecho aislado. El mismo geoglifo había sufrido atentados que lo dejaron parcialmente destruido varios años antes. En aquella oportunidad, maquinaria pesada pasó sobre el lugar, y después fue reconstruido de forma simbólica.
Mincul presenta denuncia por atentado
Según RPP, el Ministerio de Cultura formalizó una denuncia en una comisaría del sector para que se inicie el proceso de investigación sobre lo ocurrido. El medio informó que una comisión del sector acudió al sitio después de la alerta de los pobladores.
En esa revisión, según el medio radial, se hallaron una instalación rústica, un colchón y una cocina dentro del área intervenida. El reporte también indicó que los vecinos y defensores del patrimonio sostienen que el daño fue ejecutado de forma manual y deliberada.
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La explicación que circula entre los pobladores de Santo Domingo y algunos defensores del patrimonio apunta a una represalia a raíz de un desalojo de presuntos invasores que habían sido expulsados días antes por la Policía Nacional y personal de la municipalidad de Laredo.
Ruth Shady denuncia amenazas y tráfico de tierras en Caral
Además de la región La Libertad, en Caral también se han registrado amenazas que atentan contra el patrimonio histórico y que están vinculadas también al tráfico de terrenos. En el año 2025, la arqueóloga Ruth Shady denunció estos actos en el complejo arqueológico de Caral.
Desde hace más de tres décadas, el equipo liderado por Ruth Shady trabaja en la investigación de la civilización Caral, considerada una de las más antiguas de América.
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Durante una entrevista en Canal N, la directora de la Zona Arqueológica Caral relató la gravedad de la situación. “Las amenazas continúan porque lamentablemente no tenemos todavía las defensas que estamos esperando que nos dé el Estado”, dijo. En ese mismo espacio, detalló cómo antes contaban con cinco policías asignados al resguardo de la zona y un vehículo proporcionado por el Gobierno Regional. También se había construido una casa para los agentes. Sin embargo, todo esto desapareció en los últimos años, incluso antes de la actual gestión gubernamental.
Las denuncias no se limitan a hechos generales. En su testimonio, la arqueóloga mencionó con nombre propio a quienes, según sus investigaciones y reportes de la población, estarían vinculados con estas redes. Entre ellos figura Pablo César Mejía Solís, de quien señaló: “Es otro que tiene una serie de denuncias también, según me dicen”.
La situación llegó al punto de que se han producido reuniones en espacios públicos, como bares del distrito de Supe, donde se virtieron amenazas directas contra su vida y la de sus colaboradores. “Dijeron que cuando me maten a mí y lo maten al subdirector ya no va a haber quien se oponga y ellos van a poder elegir las tierras que quieran”, relató.
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El año 2024, uno de los subdirectores del proyecto arqueológico tuvo que tomar una licencia de cuatro meses después de haber sido agredido por presuntos traficantes.
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