Petroperú demanda extensión del contrato del Lote Z-69 ante inminente paralización contractual en ocho días

Los trabajadores de la estatal denunciaron la desidia por parte del MINEM y Perupetro para garantizar la continuidad operativa de uno de los bloques petroleros más importantes del país

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La paralización del Lote Z-69 pondría en riesgo más de 1.300 empleos entre directos e indirectos, así como las regalías y el canon petrolero que financian programas sociales en Piura.

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) advirtió sobre el inminente riesgo de paralización de las operaciones petroleras y gasíferas en el Lote Z-69, ubicado en el zócalo continental de Piura, ante la falta de decisiones del Gobierno frente al vencimiento del contrato temporal el próximo 15 de mayo.

El gremio exige la emisión inmediata de un Decreto Supremo que garantice la continuidad operativa de Petroperú en uno de los principales activos offshore del país.

Petroperú: trabajadores denuncian indefinición del Gobierno por plataformas marinas

El Lote Z-69 produce actualmente 3.500 barriles diarios de petróleo y 8 millones de pies cúbicos de gas, recursos fundamentales para la Refinería de Talara y el mercado regional de gas.

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Una eventual paralización pondría en riesgo 195 empleos directos, más de 1.200 empleos indirectos, así como regalías, canon petrolero y programas sociales en Piura.

Según el STAPP, la situación es resultado de la falta de previsión y liderazgo por parte del Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Perupetro.

El Lote Z-69 produce diariamente 3.500 barriles de petróleo y 8 millones de pies cúbicos de gas, abasteciendo a la Refinería de Talara, Promigas y la Procesadora de Gas Pariñas.

Hasta ahora no existe un plan concreto de continuidad operativa ni una licitación viable en marcha, pese a la importancia estratégica del lote para la seguridad energética nacional.

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“El país no puede permitirse la paralización de un lote que garantiza producción, empleo, recursos fiscales y estabilidad energética”, afirmó Pedro Castro Balmaceda, Secretario de Defensa del STAPP.

El sindicato también cuestionó el comunicado de Perupetro difundido en abril, advirtiendo que no refleja la realidad administrativa del lote y que las gestiones anunciadas no han evitado la actual incertidumbre.

Lote Z-69: consecuencias económicas y sociales para Piura

El Lote Z-69 cuenta con 540 pozos productores y 77 plataformas marinas, de las cuales 51 están operativas. Durante la administración de Petroperú, ocho plataformas fueron clausuradas por Osinergmin.

La producción diaria abastece tanto a la Refinería de Talara como a empresas como Promigas y la Procesadora de Gas Pariñas. El impacto de una eventual paralización sería significativo para la economía y la sociedad de Piura.

Además de los empleos, la operación del lote garantiza el suministro de hidrocarburos a precios competitivos, contribuye a la recuperación financiera de Petroperú y sostiene programas sociales en la región.

Entre los aportes recientes figuran la adquisición de una ambulancia para el Ministerio de Salud y una cámara frigorífica para los pescadores de San Pablo, en Negritos.

La infraestructura del Lote Z-69 incluye 540 pozos productores y 77 plataformas marinas, de las cuales 51 se mantienen operativas bajo Petroperú pese a cierres por parte de Osinergmin.

Infraestructura petrolera y cadena de valor en riesgo

El STAPP instó al Gobierno a emitir de inmediato el Decreto Supremo que permita extender la vigencia del contrato temporal a favor de Petroperú, asegurando así la continuidad de las operaciones, la paz social y la estabilidad energética.

El sindicato también advirtió sobre la falta de apoyo oficial a otros lotes estratégicos de Petroperú, como los lotes 64 y 192 en la selva, y sobre la limitada capacidad operativa de Perupetro, actualmente con solo dos miembros en su directorio, lo que dificulta la toma de decisiones en el sector.

El gremio remarcó que, mientras otras regiones del mundo refuerzan su seguridad energética, el Perú no puede exponerse a una mayor dependencia de importaciones ni a la volatilidad de precios internacionales que impactan directamente el costo de vida de las familias.

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