En el Perú, la inestabilidad política no solo desgasta instituciones, también distorsiona prioridades, ya que nos acostumbra a mirar únicamente el escándalo del día, la crisis del gabinete, la negociación parlamentaria o la disputa por cuotas de poder, mientras los problemas que afectan de manera más directa la vida de millones de peruanos quedan otra vez relegados. Uno de ellos, quizá de los más graves y persistentes, es la malnutrición.
Y en medio de esta crisis, los políticos de nuestro país siguen haciendo lo que quieren. Un ejemplo de ello fue la confianza que el actual Congreso le otorgó al gabinete ministerial. Se trata, por supuesto, de una decisión políticamente relevante. Pero lo preocupante no es solo que el gabinete haya obtenido respaldo, sino los temas que quedaron fuera del centro del debate. Mientras el Parlamento cumplía con un acto formal de control político, el país real seguía esperando respuestas sobre asuntos mucho más urgentes: la crisis que golpea a la agricultura familiar, el encarecimiento de los fertilizantes y la persistencia de un modelo de alimentación escolar que continúa incluyendo productos ultraprocesados, sin poner realmente en el centro la nutrición de los niños.
Ese es el problema de fondo, la política peruana se ha vuelto tan inestable, tan absorbida por su propia supervivencia, que ha dejado de mirar el plato cotidiano de la gente. Y cuando un sistema político deja de mirar la alimentación, deja de mirar también la salud, la infancia, la producción nacional y el futuro.
Hablar de malnutrición en el Perú no es hablar solo de anemia o de desnutrición crónica. Es hablar de una triple carga cada vez más evidente: niños y niñas que aún crecen con deficiencias nutricionales, pero que al mismo tiempo están expuestos a entornos alimentarios saturados de productos ultraprocesados, altos en azúcar, sodio y grasas. El país no ha resuelto los problemas de siempre y, además, está profundizando otros nuevos. Hoy, más de 500 mil niños menores de 3 años con anemia, mientras más de 13 millones de peruanos enfrentan inseguridad alimentaria.
Frente a ese panorama, resulta inaceptable que la discusión política no haya puesto suficiente énfasis en la crisis agraria. No se puede hablar seriamente de nutrición sin hablar de agricultura, ni se puede promover una alimentación saludable mientras se debilita a quienes producen los alimentos. Hoy, el Perú enfrenta un alto riesgo de atravesar una nueva crisis de fertilizantes, debido a su fuerte dependencia de insumos sintéticos importados como la urea, el potasio y los fosfatos. Pero este no es solo un problema del sector agrario: es un asunto de seguridad alimentaria nacional. Cuando producir se vuelve más caro, los alimentos se encarecen, la dieta de las familias se deteriora y la nutrición termina convirtiéndose en la primera variable de ajuste. Lo más grave es que, mientras esta amenaza avanza, no se impulsa con la fuerza necesaria una transición hacia alternativas más sostenibles, como los biofertilizantes y los abonos orgánicos, que podrían reducir la dependencia externa y fortalecer un sistema alimentario más resiliente. Apostar por la agricultura familiar, por la capacitación técnica y por un modelo agroecológico no es una agenda secundaria: es una condición indispensable para proteger la alimentación del país. Y sin embargo, en la alta política peruana, esto rara vez ocupa el lugar que merece. Se debate la confianza ministerial, pero no se debate con la misma fuerza cómo sostener la producción de la agricultura familiar, cómo proteger la disponibilidad y el precio de alimentos frescos, o cómo articular una verdadera política alimentaria que conecte agricultura, salud, educación y protección social. Esa omisión no es técnica: es política.
Algo similar ocurre con la alimentación escolar. Después de las graves denuncias que golpearon a Qali Warma y, posteriormente, a Wasi Mikuna, lo mínimo que el país esperaba era una discusión de fondo sobre el derecho de los niños y niñas a recibir alimentos inocuos, suficientes y nutricionalmente adecuados. Sin embargo, seguimos atrapados entre cambios de nombre, respuestas reactivas y controles insuficientes. La Defensoría del Pueblo concluyó en 2025 que existe una “vulneración latente del derecho a una alimentación adecuada” de los estudiantes beneficiarios del programa, y documentó graves fallas de control, además de problemas vinculados a la presencia de productos industrializados dentro del servicio. Todo ello ocurre en un contexto en el que más del 38% de niños, niñas y adolescentes en el Perú presentan sobrepeso u obesidad.
Por eso el recambio de autoridades que empieza a perfilarse tras las Elecciones Generales 2026 no debería ser leído solo como alternancia política. Debería ser, sobre todo, una oportunidad para reordenar prioridades. El país no necesita únicamente nuevas caras; necesita una nueva jerarquía de problemas. Y en esa jerarquía, la nutrición debe ocupar un lugar central. No como tema accesorio de salud pública, sino como eje de desarrollo, aprendizaje, productividad, igualdad y dignidad.
Ojalá las nuevas autoridades comprendan, de una vez, que priorizar la nutrición en todo el sentido de la palabra implica mucho más que repartir alimentos o lanzar campañas aisladas. Implica proteger la agricultura familiar, regular con firmeza los entornos alimentarios, garantizar programas escolares de verdadera calidad nutricional, enfrentar la anemia sin negar el avance del sobrepeso y entender que alimentar bien a un país también es gobernarlo bien.
Porque mientras la política siga distraída en sí misma, el hambre, la mala alimentación y la desigualdad seguirán avanzando en silencio. Y un país que no pone la nutrición en el centro no solo administra mal sus prioridades: también abandona su futuro.