La ciencia y la tecnología gozan de un buen discurso y reconocimiento de su importancia. Casi ningún gobierno, empresa o institución se opone, al menos en público, a la idea de invertir en investigación e innovación. Sin embargo, cuando llega el momento de tomar decisiones concretas sobre presupuestos, políticas y prioridades, estos temas suelen quedar desplazados a un segundo plano. Se los reconoce en el papel, pero rara vez se los trata como lo que son: una condición básica para el desarrollo de un país.
La evidencia no deja mucho espacio para la duda. Corea del Sur pasó de un PBI per cápita de USD 158 en 1960 a más de USD 32,000 en 2019: doscientas veces más en seis décadas, gracias, en buena medida, a una apuesta sostenida por la ciencia, la tecnología y la educación. No fue un milagro: fue una decisión de política pública que se mantuvo en el tiempo.
Más allá del crecimiento económico, la ciencia ha demostrado ser capaz de transformar vidas concretas: las vacunas desarrolladas en tiempo récord durante la pandemia, los avances en energías limpias o la telemedicina que hoy llega a comunidades que antes no tenían acceso a servicios médicos son ejemplos de lo que el conocimiento puede hacer cuando se le da espacio.
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El Perú y sus brechas pendientes
En el Perú, la distancia entre el discurso y la realidad es notable. El país invierte apenas el 0.15% de su PBI en investigación y desarrollo, frente al 0.75% del promedio latinoamericano. Tiene menos de un investigador por cada mil habitantes, cuando el promedio regional duplica esa cifra. Y mientras países vecinos han construido sistemas de ciencia articulados con sus sectores productivos, aquí la investigación sigue siendo, en gran medida, una actividad marginal en la agenda del Estado.
No se trata de una fatalidad. La Política Nacional de CTI al 2030 (POLCTI) fija metas claras y reconoce los nudos que hay que desatar: más inversión, más investigadores, mejor infraestructura, y una ciencia que se practique con integridad y que llegue a todo el territorio. El desafío no es de diagnóstico, ese ya existe, sino de voluntad para actuar en consecuencia.
Lo que la universidad puede y debe hacer
Las universidades no pueden esperar a que las brechas se cierren desde arriba y el Estado resuelva todo. Parte de la respuesta tiene que construirse desde las organizaciones, como las universidades que generan conocimiento y constituyen la base del Sistema Nacional de CTI. En la PUCP, eso significa financiar más de 500 proyectos de investigación en la última década, sostener 145 grupos de investigación activos, atraer investigadores jóvenes con posgrados internacionales, y apoyar a nuestros científicos para que publiquen, participen en congresos y colaboren con pares de todo el mundo. No como acciones aisladas, sino como parte de una estrategia que entiende la investigación como servicio público, es decir, conocimiento que se genera para transformar la sociedad, no solo para engrosar índices bibliométricos.
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Pero el rol de la academia tiene un límite claro. Sin políticas públicas que sostengan el ecosistema, financiamiento estatal, incentivos para la vinculación con el sector privado, formación de investigadores desde etapas tempranas, los esfuerzos institucionales seguirán siendo insuficientes frente a la escala del problema. La universidad puede ser parte de la solución, pero no puede ser la única solución.
Una condición, no una opción
Invertir en ciencia no es un gasto que un país puede darse el lujo de postergar cuando las finanzas aprietan. Es, al contrario, la inversión que más réditos produce en el largo plazo: en crecimiento, en salud, en educación, en soberanía tecnológica. Los países que hoy lideran el desarrollo no lo hacen a pesar de haber apostado por el conocimiento, sino precisamente por eso. El Perú tiene talento, tiene instituciones y tiene diagnósticos. Lo que todavía falta es tratar la ciencia como una prioridad real, no como una declaración de intenciones. Esa decisión, más que ninguna otra, definirá qué país seremos en las próximas décadas.