El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), informó este 14 de abril que más de 285 barriles de petróleo crudo fueron vertidos en el río Amazonas el pasado viernes 10 de abril, lo que provocó una emergencia ambiental en la zona, dejando a cientos de familias sin acceso a agua.
El OEFA desplegó un equipo técnico para inspeccionar cinco kilómetros de riberas del río, donde se constató la presencia de hidrocarburo y se verificaron las acciones de primera respuesta por parte de la empresa responsable.
Durante la supervisión, el OEFA verificó las acciones de primera respuesta implementadas por la empresa responsable, entre ellas la contención, recuperación y limpieza del petróleo. Además, el organismo realizó la toma de muestras de agua superficial y sedimento con el objetivo de evaluar la calidad ambiental y determinar el impacto generado en el entorno de las comunidades afectadas.
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Detalles de la emergencia ambiental en Maynas
Organismos ambienales como Orpio señalaron que la emergencia se produjo tras el encallamiento de un convoy fluvial Petronorte 2, operado por la empresa L.M. Navegacióny Transporte LTDA, que transportaba el crudo hacia Brasil. La organización ambiental ha advertido en un documento que la contaminación alcanza a otros afluentes como las cuencas de los Ríos Yanashi y Oroza.
“Según el acta de constatación y reportes preliminares, la empresa responsable ha intentado minimizar la magnitud del derrame, señalando cifras inconsistentes de entre 50 y 200 galones. Sin embargo, la información recogida en territorio y los testimonios de las comunidades afectadas indican que el impacto se extiende por más de 80 kilómetros”, señalaron
La situación ha impactado a varias comunidades nativas, poblaciones ribereñas y centros poblados de la provincia de Maynas, en Loreto. Las familias se han visto comprometidas sus fuentes de agua, lo que pone en riesgo su salud, alimentación y actividades diarias, según precisó el OEFA.
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Otra emergencia en Amazonas
Días antes del derrame ocurrido el 11 de abril, la región Amazonas ya había sido escenario de una emergencia ambiental vinculada al Oleoducto Norperuano. El 31 de marzo, un nuevo vertimiento de hidrocarburos se registró en una zona de difícil acceso del distrito de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, generando preocupación entre las comunidades cercanas por el posible impacto en fuentes de agua y ecosistemas frágiles.
En ese momento, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental había desplegado un equipo especializado para supervisar la zona afectada, específicamente en el kilómetro 393+674 del ducto. Los especialistas realizaron recorridos técnicos con el objetivo de evaluar los daños ambientales, identificar las causas del incidente y verificar las acciones de contención implementadas por la empresa operadora.
Asimismo, las autoridades habían iniciado labores para determinar responsabilidades y confirmar si la respuesta frente al derrame cumplía con la normativa ambiental vigente. Este episodio previo ya había puesto en evidencia los riesgos latentes en la infraestructura petrolera de la zona, en un contexto de alta vulnerabilidad ambiental y limitada accesibilidad.
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