La reciente tragedia ocurrida en el estadio de Alianza Lima dejó un saldo de un fallecido y 47 heridos, tras un incidente registrado durante un banderazo previo al partido ante Universitario el sábado 3 de abril. A través de un comunicado, el club expresó sus condolencias y aseguró que viene brindando apoyo económico y acompañamiento a los afectados. Sin embargo, también marcó distancia del evento, señalando que se trató de una actividad espontánea de la hinchada y no de una convocatoria oficial.
El caso ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en el recinto y la organización de actividades masivas en espacios deportivos. Mientras avanzan las investigaciones, el foco se ha puesto en determinar quiénes deben asumir responsabilidades penales por lo ocurrido.
Quiénes serían los responsables según el análisis legal
En entrevista para TV Perú, el abogado penalista Mario Amoretti explicó que la responsabilidad penal recaería principalmente en dos actores: los hinchas que iniciaron los disturbios y el administrador del estadio.
De acuerdo con su análisis, los denominados barristas que habrían provocado la gresca deben ser identificados y sancionados conforme a la ley. El jurista señala que el punto de partida de la violencia es clave para determinar responsabilidades individuales.
Además, considera que el administrador del estadio también tendría responsabilidad por no haber previsto un escenario de riesgo. La falta de medidas de seguridad en un recinto privado puede comprometer a quienes tienen el deber de garantizar condiciones adecuadas para los asistentes.
En ese contexto, también se abre la posibilidad de una responsabilidad civil que alcanzaría al club, en la medida en que el hecho ocurrió dentro de sus instalaciones, más allá de que el evento no haya sido organizado directamente por la institución.
Qué sanciones penales podrían aplicarse en este caso
Respecto a las posibles penas, Amoretti sostiene que los autores materiales de los hechos, es decir, los hinchas involucrados en la violencia, podrían enfrentar condenas de hasta 8 años de prisión. Esta sanción dependerá de la gravedad de los actos y de las pruebas que logren reunir las autoridades durante la investigación.
En cuanto al administrador del estadio, el abogado indicó que podría recibir una pena de hasta cuatro años de cárcel. Esta eventual sanción estaría vinculada a la omisión de medidas de prevención, al no haber anticipado una situación que podía derivar en violencia y riesgo para los asistentes.
El especialista también remarcó que estos procesos deben determinar con precisión el grado de participación de cada involucrado. No todos los asistentes tienen responsabilidad, sino únicamente quienes participaron en los hechos o incumplieron sus deberes de prevención.
Un precedente histórico que marca el análisis del caso
Para dimensionar la gravedad de lo ocurrido, el penalista recordó un antecedente clave: la tragedia del Estadio Nacional del Perú en 1964, donde murieron más de 300 personas. En ese caso, la justicia determinó responsabilidades penales y estableció sanciones para quienes contribuyeron a la tragedia.
Según explicó, en ese episodio se impusieron penas de hasta ocho años de prisión a los responsables directos, incluyendo a autoridades que tomaron decisiones que agravaron la situación, como el uso de bombas lacrimógenas y el cierre de salidas.
Este antecedente refuerza la idea de que, en situaciones de este tipo, la justicia puede sancionar tanto a quienes generan la violencia como a quienes, por acción u omisión, no evitaron el desenlace.
Mientras el club íntimo alista una medida cautelar para reabrir el estadio, las investigaciones continúan y las autoridades deberán determinar cómo ingresaron los hinchas y quién autorizó su acceso.