El Perú ha retrocedido en el Índice de Progreso Social. No es un dato aislado ni una sorpresa. Es el reflejo de fallas estructurales que el país arrastra hace años y que pocos quieren enfrentar. Mientras el debate público gira en torno a coyunturas, se deja de lado lo esencial: la capacidad del Estado para convertir recursos en bienestar.
Una de esas fallas es la descentralización. En teoría, buscaba acercar el Estado al ciudadano y mejorar la provisión de servicios. En la práctica, no está cumpliendo. Hoy, los gobiernos regionales y, sobre todo, las municipalidades concentran una porción creciente de los recursos públicos, pero no logran traducirlos en obras ni en mejoras concretas en la calidad de vida.
Las cifras lo evidencian. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, los gobiernos locales administraron el año pasado más de S/ 30,000 millones en inversión pública, por encima del Gobierno nacional y el doble que los gobiernos regionales. Sin embargo, su nivel de ejecución apenas alcanzó el 70%, mientras que los otros dos niveles superaron el 90%. No es solo cuánto se asigna, sino qué se hace —o no se hace— con esos recursos.
El problema no es únicamente de gestión; es de diseño. Los municipios, el eslabón más débil del aparato público, están sobrecargados de funciones bajo la premisa de ser “los más cercanos al ciudadano”. A ello se suma la falta de planificación: iniciaron el año con un presupuesto de S/ 16,000 millones y terminaron administrando casi el doble. Difícil exigir resultados cuando ni siquiera hay claridad sobre los recursos disponibles desde el inicio.
Pero hay un elemento aún más crítico: las capacidades. De acuerdo con el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu) 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 72.7% de los funcionarios municipales reconoce necesitar capacitación en administración tributaria; el 66.5%, en formulación y evaluación de proyectos públicos; y el 75.8%, en procesos administrativos. Es decir, quienes deben ejecutar, planificar y gestionar recursos públicos admiten no contar con las herramientas necesarias para hacerlo.
El dato es revelador —y preocupante—. Sobre estos funcionarios recae la responsabilidad de transformar recursos en servicios de calidad para millones de ciudadanos. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo fueron seleccionados? ¿Existieron procesos meritocráticos o primaron criterios políticos y de cercanía? Sin capacidades técnicas, no hay buena ejecución; sin buena ejecución, no hay progreso.
Los tres niveles de gobierno no están operando como un equipo. La desarticulación es evidente y sus costos también. Recursos que no se ejecutan, proyectos que no se concretan y servicios que no llegan. En ese contexto, el retroceso en progreso social deja de ser una estadística y se convierte en una consecuencia directa de malas decisiones públicas.
Es momento de tomarse en serio la gestión del Estado. Profesionalizar el servicio civil, fortalecer capacidades y ordenar la asignación de funciones no es opcional. Es condición necesaria para que la descentralización funcione.
El problema está identificado. La evidencia es clara. Sin embargo, no vemos candidatos hablando de esto.